domingo, 27 de marzo de 2016

Adopción en Andalucía: Un informe del Grupo Eulen inaceptable y fuera de la Ley

Los servicios ‘sociosanitarios’ del Grupo Eulen SA, la empresa contratada por la Junta de Andalucía para evaluar la idoneidad de las personas y parejas que solicitan dar la oportunidad a niños y niñas sin padres o abandonados de ser adoptados y formar juntos una familia, han apreciado en un pareja cordobesa del mismo sexo "una marcada tendencia a normalizar o dar naturalidad a su situación personal”. ¿Perdón? ¿Marcada tendencia? Pues claro. ¿Qué esperaban los dizque evaluadores? 

Normalizar y dar naturalidad fue precisamente el derecho logrado por el colectivo LGTBI cuando se legisló el matrimonio igualitario en 2004. ¿Qué otra cosa si no? Vivir sin traumas nuestra realidad es, precisamente, el gran derecho conquistado, y ante ello no caben ningún tipo de interpretaciones 'protectoras' frente a la anormalidad –esa sí- de quien no haya entendido esto.

En su aparente ignorancia ante la realidad legal y social de nuestro país, los evaluadores de Eulen consideran que José María y José Luis no son aptos para ser padres adoptivos porque vivir con naturalidad su realidad “les lleva a negar la especial complejidad que está implícita en las familias homoparentales y a minimizar el impacto emocional que podría tener para su hijo". Y añaden que, por ello, “serían "incapaces de ayudar al niño a hacer frente a reacciones homofóbicas de terceros".

Me pregunto qué tipo de padres son los que Eulen quiere para los niños que esperan formar parte de una familia que los acoja y los quiera. ¿Padres gays reprimidos y acobardados por la opinión del facha del segundo? ¿Madres lesbianas que oculten su orientación? ¿Parejas que pidan a sus hijos que nos les miren y vean como ‘normales’?

Lo que hace la empresa Eulen es penalizar a dos ciudadanos que en el Estado español no tienen que tolerar ni aceptar que su orientación sexual o su relación sea objeto de debate. Y mucho menos que el ejemplar hecho de vivir “sin traumas su condición sexual” sea un motivo para decidir su aptitud para ser unos buenos padres.

En todo caso, lo que cabe es perseguir y penalizar las acciones homofóbicas, y contar con una administración que asuma su responsabilidad ante hechos contrarios a la Libertad y los Derechos Humanos, y no con una que te descarte como "padre" si no sabes defenderte solo ante los hechos fuera de la ley de terceras personas.

Por ello, algunos de los comentarios vertidos por la empresa Eulen en la valoración de José Mª y José Luis deberían ser considerados motivos para romper de forma inmediata y unilateral el contrato que mantiene esta empresa con la Junta de Andalucía. Son inaceptables e intolerables y se sitúan fuera de la Ley. Ninguna administración pública, y mucho menos una gobernada por el PSOE, debe destinar dinero público a poner en manos de una empresa privada cuestiones que afectan a decisiones de tal calado, sin que dicha empresa haya entendido previamente el marco social y legal que hemos creado con tanta lucha y tanto esfuerzo.

LConsejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía que dirige la socialista María José Sánchez Rubio debería tomar nota de ello.

martes, 1 de marzo de 2016

NOVEDADES EN EL 'CASO NICO FERRANDO'

Extraído del digital MadridesChueca

EL ABOGADO DE LA ASEGURADORA DESISTE DE SU REPRESENTACIÓN
El principal testigo en el 'caso Nico Ferrando' desmonta las acusaciones de SantaLucía Seguros

Novedades en el caso Nico Ferrando. En la mañana de este martes de produjo en los juzgados de Ocaña (Toledo) la declaración de José Antonio Guerra Cuesta, ex Alcalde de Villarrubia de Santiago, la entidad que según SantaLucía Seguros habría sido víctima de supuestas prácticas fraudulentas por parte de Nico Ferrando, el agente despedido por el gigante de los seguros tras una serie de episodios de presunto acoso homofóbico y xenofóbico. El testimonio del primer edil cuando se produjeron los hechos investigados ha desmentido de plano la argumentación de SantaLucía.

Nico Ferrando
SantaLucía Seguros presentó una querella criminal contra Nico Ferrando acusándole de falsedad en documento público y de haber manipulado los contratos suscritos con el Ayuntamiento de Villarrubia de Santiago, lesionando los intereses del consistorio y de la aseguradora. Sin embargo, y según consta en la abundante prueba documental aportada por la defensa del joven agente, todas las gestiones realizadas lo fueron por orden directa de su superior en la empresa, Manuel Morales Lacal. De hecho, fue el propio Nico Ferrando el que detectó las irregularidades lesivas para los intereses del consistorio toledano y los puso en conocimiento tanto de la dirección central de SantaLucía Seguros como de la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía. De esta última no se tiene constancia de ninguna actuación o resolución tras la denuncia presentada por Ferrando. (Casualmente, el máximo responsable  de la Inspección dentro de ese organismo, Pablo Moreno Magazo, se incorporó el pasado 1 de febrero al alto equipo directivo de SantaLucía Seguros).

Fue tras la denuncia de Ferrando que sus superiores procedieron primero, a su despido, y posteriormente Santa Lucía Seguros presentó la querella criminal contra él. Durante la instrucción del caso, Morales Lacal, máximo responsable de la agencia 172 de SantaLucía, acabó siendo imputado por el juzgado que instruye la causa, ante el que declaró que nunca tuvo conocimiento de las presuntas gestiones fraudulentas que Nico Ferrando habría realizado por su cuenta y riesgo con el ayuntamiento de Villarrubia, y que habrían sido la causa de su despido. Sin embargo, en la causa figuran diversos correos electrónicos que desmienten este extremo, pues el propio Morales admitió ante la jueza que la cuenta desde la que se enviaron y recibieron los emails que podrían incriminarle, era su propia cuenta corporativa dentro de la red de SantaLucía, en concreto la agencia172@agencia.santalucia.es.

La falsedad de su testimonio al declararse ajeno a las contrataciones realizadas entre SantaLucía Seguros y el Ayuntamiento de Villarrubia, y achacar a Nico Ferrando todas las gestiones, ha quedado al descubierto en la mañana de este martes, durante la declaración ante el juzgado del propio alcalde de la localidad toledana, quien ha asegurado ante Su Señoría que él mismo llevó personalmente las negociaciones con la aseguradora, y que su contacto directo en la misma no fue otro que Manuel Morales Lacal, y no Nico Ferrando, como se había pretendido mediante la interposición de la querella criminal. Aún falta por conocerse qué decisiones tomará la jueza tras la esclarecedora declaración del alcalde, pero de la misma este martes parece deducirse con claridad que la querella contra Nico Ferrando no estaba justificada.


EL ABOGADO DE SANTALUCÍA ABANDONA LA CAUSA

La declaración del alcalde de Villarrubia se ha producido en ausencia de representación legal de SantaLucía Seguros, que fue quien interpuso la querella contra Nico Ferrando, toda vez que en la mañana del lunes el letrado que llevaba la causa, un reconocido jurista de alto prestigio en temas penales, presentara un escrito renunciando a seguir representando al gigante de los seguros, cediendo la venia a otro letrado. Sorprendentemente, la aseguradora no había designado ningún sustituto este martes.


EL 'CASO NICO FERRANDO'

El caso Nico Ferrando saltó a la luz pública en julio de 2014, cuando el joven agente denunció haber sido víctima de acoso y discriminación a causa de su orientación sexual en el seno de SantaLucía Seguros. La aseguradora negó siempre estas acusaciones, y argumentó que Ferrando había sido despedido después de que superior en la agencia en la que prestaba sus servicios como agente comercial, el ahora imputado Manuel Morales Lacal, detectara una serie de irregularidades en contratos suscritos con el Ayuntamiento de Villarrubia de cometidas sin su conocimiento.


Ferrando siempre sostuvo que fue él quien denunció esas irregularidades y que fue Morales Lacal quien las cometió, como parece haber quedado probado este martes tras la declaración del alcalde toledano. Ferrando también ha sostenido en todo momento que la querella criminal formaba parte de la estrategia de SantaLucía Seguros para desviar la atención sobre el acoso homofóbico sufrido y justificar su despido.