Albert Rivera se quita la careta mientras Pedro Sánchez permanece secuestrado

Aún no se ha logrado conformar el supuesto Gobierno Progresista y Reformista pactado entre PSOE y Ciudadanos y los de Albert Rivera ya han violado, y a lo grande, el espíritu de lo acordado con toda solemnidad mientras los partidos de izquierda esperaban en una sala del Congreso de los Diputados que los representantes socialistas se sentaran a la mesa.

Este martes, los diputados de Ciudadanos, el “socio imprescindible” de Pedro Sánchez para sentarse en el despacho principal de La Moncloa, dejaron solo al PSOE en dos votaciones esenciales para iniciar el camino del cambio, y optaron por sumar sus votos al Partido Popular para impedir la derogación de dos leyes claves del nefasto balance la mayoría absolutísima con la que Mariano Rajoy han construido un país a medida de los intereses de sus patrocinadores, con menos derechos para los ciudadanos, más restricciones de las libertades y la caja pública abierta al exclusivo servicio de la banca y las grandes empresas.

La negativa de Albert Rivera cumplir lo pactado y aliarse con el PP en dos elementos claves para la recuperación de la normalidad democrática es distintiva del tipo de Gobierno que el joven líder de la nueva derecha pretende imponer a Pedro Sánchez. Es también una demostración de fuerza que deja en muy mal lugar al Secretario General del PSOE, que se ha mostrado incapaz de conseguir que el deseado socio para convertirse en Presidente le secunde en dos iniciativas tan importantes como son la derogación de las leyes Mordaza y Wert.

El comportamiento de los diputados de Ciudadanos, supone de facto, un incumplimiento flagrante de lo acordado con el PSOE. Así, ¿con qué fuerza pretende Pedro Sánchez sentarse esta semana en una mesa a tres para pedir a Podemos que se sume a un pacto que, en su primera prueba de fuego, no es respetado por uno de los firmantes que, además, Sánchez insiste en presentar como indisoluble de su propuesta de cambio?

Por su parte, Ciudadanos hace una insolente demostración de fuerza el mismo día en que deja con el culo al aire a Pedro Sánchez, y en vísperas de la deseada reunión a tres bandas cambia su discurso y exige mando en plaza y cuota de sillones en un Consejo de Ministros que más bien parece que no desea que llegue a constituirse.

Albert Rivera actúa atendiendo a lo que dicen los sondeos y se burla del PSOE. Se presenta como garante de un pacto que pueda desalojar al PP del Gobierno y que mantiene secuestrado a Pedro Sánchez, pero al mismo tiempo se dedica a dinamitar dicho pacto, a la espera de que el fracaso desemboque en una convocatoria de unas elecciones que ansía sin disimulo.

Con la distribución actual del Congreso, la grosse koalition que sueña Rivera no requiere de su concurso, y así se lo han dejado bien claro desde el Partido Popular. Su exitosa estrategia desde el 20 de diciembre, empero,  anuncia una nueva aritmética en la que los excluidos serán los partidos de izquierdas, y en la que Rivera podrá cómodamente exigir el lugar que prefiera en un Gobierno doblemente de derechas que perpetúe a Mariano Rajoy y su corrupto partido al timón de nuestro país.

La única salida creíble pasa la inmediata ruptura por parte de Pedro Sánchez del pacto con Albert Rivera, expulsar a Ciudadanos -por traidor- de la negociación prevista con Podemos y recuperar, si es que aún se puede,  la mesa que sabiamente propuso Alberto Garzón y en la que los otros partidos de izquierda se quedaron con cara de lelos mientras Sánchez firmaba a sus espaldas un pacto que les excluía.

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Interpretar las encuestas; cuestionar la voluntad de cambio

Interpretar las encuestas; cuestionar la voluntad de cambio

Este domingo nos ha dejado tres sondeos de opinión en tres medios de comunicación diferentes. El antaño “diario independiente del mañana”, lo que queda de El Mundo y la nueva aventura digital de Pedro J. Ramírez, nuestro eterno aspirante a Randolph Hearst latino, coinciden más o menos en sus estudios demoscópicos. A saber.

A pesar de las evidencias de su corrupto entramado interno, el Partido Popular ya tocó su suelo electoral el 20 de diciembre, cuando perdió hasta 63 diputados y una cómoda mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados que, a pesar de todo, fue capaz de mantener en el Senado.

Por su parte, el PSOE liderado por Pedro Sánchez se muestra incapaz de levantar cabeza tras haber cosechado el peor resultado de su historia y haber cedido una importante porción de su apoyo ciudadano a Podemos y a las nuevas fuerzas emergentes, que han sabido recoger el guante del discurso socialista original tras la recuperación de la Democracia. Aún así, estos no logran mantener los resultados del 20D y pierden fuerza cediendo hasta 20 diputados.

Ciudadanos, la nueva derecha capitaneada por Albert Rivera, se consolida como posible tercera fuerza política y podría sumar hasta 12 nuevos escaños en el Congreso.

Por último la Unidad Popular de Alberto Garzón recupera fuerzas y se presenta como la única opción de izquierdas que gana simpatizantes tras más de cien días sin Gobierno.

En cuanto a los nacionalistas y regionalistas, no se aprecian cambios considerables y siguen manteniendo sus apoyos habituales.

Mientras se conocen estos datos, continúa encima de la mesa la cierta posibilidad de que no se consiga un pacto de Gobierno que conforme una mayoría estable para desalojar a Mariano Rajoy y al PP de La Moncloa. El empeño de Pedro Sánchez en explorar la llamada vía 199 parece un camino de imposible recorrido, en tanto que las exigencias de Ciudadanos, el socio imprescindible (?) escogido por Pedro Sánchez, parecen a todas luces incompatibles con las aspiraciones de buscar coincidencias, que las hay, y muchas, entre los programas electorales de PSOE y Podemos. Un pacto que no excluya a Ciudadanos, supone una importante renuncia de ambos partidos de izquierda en temas fundamentales como la derogación total de la Reforma Laboral del PP, la -a todas luces- antidemocrática Ley Mordaza o la perversa Ley Wert que transforma el Derecho a la Educación casi en una gracia gubernamental, entre otras. En esta tesitura, cabe suponer que el pacto a tres que busca Pedro Sánchez se presenta como imposible, y que el único camino que evitaría la convocatoria de nuevas elecciones sería el otro tripartido, el deseado por la derecha de Albert Rivera con la aquiescencia del Partido Popular. El suicidio del Partido Socialista que cualquiera podría pensar que es el verdadero objetivo del joven nuevo líder.

El problema es que los sondeos indican que unas nuevas elecciones, en el momento actual, supondría un claro castigo de los votantes al PSOE y a Podemos. A los primeros porque cualquier resultado que no mejore el cosechado en diciembre sigue siendo una penalización del electorado socialista tradicional. A los segundos porque las formas empleadas para buscar el pacto han venido sobradas de soberbia y prepotencia y poca voluntad de alcanzar un acuerdo. En consecuencia, el escenario de nuevas elecciones es el ideal tanto para el Partido Popular como para Ciudadanos, que con las nuevas mayorías que anuncian las encuestas conocidas este domingo lograrían los escaños suficientes para conformar Gobierno, y forzarían una crisis tanto en el PSOE como en Podemos que lastraría la labor de Oposición que les habrá de corresponder si se confirman los pronósticos.

En este escenario, y como ya he defendido en otras ocasiones, Pedro Sánchez debería reconsiderar un acuerdo con la nueva derecha naranja que no proporciona ningún beneficio al PSOE y no garantiza los cambios políticos que los votantes de izquierda, una clara mayoría ciudadana, están demandando tras demasiados años de abuso de la derecha y los poderes económicos en nombre de una crisis económica que ellos mismos provocaron y han tenido la suerte de gestionar a su favor.

Solo un pacto con Podemos que sumara el concurso de Izquierda Unida, contara con el apoyo del PNV (que ya ha dicho que estaría dispuesto) y la abstención de los nacionalistas e independentistas podría cambiar la percepción del electorado sobre la necesaria voluntad de dar un giro radical a las políticas de derecha, tomando como referencia, por ejemplo, el modelo portugués. Sería un pacto de corta duración -ningún Ejecutivo puede aguantar cuatro años con unas Cortes como las actuales-, pero con capacidad para derogar las peores reformas del Partido Popular y diseñar un nuevo modelo de Gobierno para la ciudadanía que en pocos meses genere un legado con el que concurrir a nuevas elecciones. El nuevo Gobierno podrá disolver las Cortes exhibiendo el bloqueo de la derecha a cualquier intento de reforma para favorecer a los ciudadanos, y legitimado para pedir una nueva mayoría electoral que lo impida.

Sin embargo, cerrarse en banda en el acuerdo con Ciudadanos para satisfacer no se sabe qué intereses ni de quién (aunque se intuye) solo puede desembocar, como digo, en un suicidio político para el PSOE y –también- para Podemos, y en un triunfo de las derechas azul y naranja que concurrirían a las urnas con el impagable aval del fracaso de la izquierda para articular un proyecto político alternativo.

Quedan 20 días para tomar una decisión. La pelota del posible cambio, está, sobre todo, en el tejado de Pedro Sánchez y el PSOE. También en el de Pablo Iglesias y Podemos, qué duda cabe. Pero sobre todo en el primero.

Adopción en Andalucía: Un informe del Grupo Eulen inaceptable y fuera de la Ley

Los servicios ‘sociosanitarios’ del Grupo Eulen SA, la empresa contratada por la Junta de Andalucía para evaluar la idoneidad de las personas y parejas que solicitan dar la oportunidad a niños y niñas sin padres o abandonados de ser adoptados y formar juntos una familia, han apreciado en un pareja cordobesa del mismo sexo "una marcada tendencia a normalizar o dar naturalidad a su situación personal”. ¿Perdón? ¿Marcada tendencia? Pues claro. ¿Qué esperaban los dizque evaluadores? 

Normalizar y dar naturalidad fue precisamente el derecho logrado por el colectivo LGTBI cuando se legisló el matrimonio igualitario en 2004. ¿Qué otra cosa si no? Vivir sin traumas nuestra realidad es, precisamente, el gran derecho conquistado, y ante ello no caben ningún tipo de interpretaciones 'protectoras' frente a la anormalidad –esa sí- de quien no haya entendido esto.

En su aparente ignorancia ante la realidad legal y social de nuestro país, los evaluadores de Eulen consideran que José María y José Luis no son aptos para ser padres adoptivos porque vivir con naturalidad su realidad “les lleva a negar la especial complejidad que está implícita en las familias homoparentales y a minimizar el impacto emocional que podría tener para su hijo". Y añaden que, por ello, “serían "incapaces de ayudar al niño a hacer frente a reacciones homofóbicas de terceros".

Me pregunto qué tipo de padres son los que Eulen quiere para los niños que esperan formar parte de una familia que los acoja y los quiera. ¿Padres gays reprimidos y acobardados por la opinión del facha del segundo? ¿Madres lesbianas que oculten su orientación? ¿Parejas que pidan a sus hijos que nos les miren y vean como ‘normales’?

Lo que hace la empresa Eulen es penalizar a dos ciudadanos que en el Estado español no tienen que tolerar ni aceptar que su orientación sexual o su relación sea objeto de debate. Y mucho menos que el ejemplar hecho de vivir “sin traumas su condición sexual” sea un motivo para decidir su aptitud para ser unos buenos padres.

En todo caso, lo que cabe es perseguir y penalizar las acciones homofóbicas, y contar con una administración que asuma su responsabilidad ante hechos contrarios a la Libertad y los Derechos Humanos, y no con una que te descarte como "padre" si no sabes defenderte solo ante los hechos fuera de la ley de terceras personas.

Por ello, algunos de los comentarios vertidos por la empresa Eulen en la valoración de José Mª y José Luis deberían ser considerados motivos para romper de forma inmediata y unilateral el contrato que mantiene esta empresa con la Junta de Andalucía. Son inaceptables e intolerables y se sitúan fuera de la Ley. Ninguna administración pública, y mucho menos una gobernada por el PSOE, debe destinar dinero público a poner en manos de una empresa privada cuestiones que afectan a decisiones de tal calado, sin que dicha empresa haya entendido previamente el marco social y legal que hemos creado con tanta lucha y tanto esfuerzo.

La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía que dirige la socialista María José Sánchez Rubio debería tomar nota de ello.

NOVEDADES EN EL 'CASO NICO FERRANDO'

Extraído del digital MadridesChueca

EL ABOGADO DE LA ASEGURADORA DESISTE DE SU REPRESENTACIÓN

El principal testigo en el 'caso Nico Ferrando' desmonta las acusaciones de SantaLucía Seguros

Novedades en el caso Nico Ferrando. En la mañana de este martes de produjo en los juzgados de Ocaña (Toledo) la declaración de José Antonio Guerra Cuesta, ex Alcalde de Villarrubia de Santiago, la entidad que según SantaLucía Seguros habría sido víctima de supuestas prácticas fraudulentas por parte de Nico Ferrando, el agente despedido por el gigante de los seguros tras una serie de episodios de presunto acoso homofóbico y xenofóbico. El testimonio del primer edil cuando se produjeron los hechos investigados ha desmentido de plano la argumentación de SantaLucía.

Nico Ferrando

SantaLucía Seguros presentó una querella criminal contra Nico Ferrando acusándole de falsedad en documento público y de haber manipulado los contratos suscritos con el Ayuntamiento de Villarrubia de Santiago, lesionando los intereses del consistorio y de la aseguradora. Sin embargo, y según consta en la abundante prueba documental aportada por la defensa del joven agente, todas las gestiones realizadas lo fueron por orden directa de su superior en la empresa, Manuel Morales Lacal. De hecho, fue el propio Nico Ferrando el que detectó las irregularidades lesivas para los intereses del consistorio toledano y los puso en conocimiento tanto de la dirección central de SantaLucía Seguros como de la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía. De esta última no se tiene constancia de ninguna actuación o resolución tras la denuncia presentada por Ferrando. (Casualmente, el máximo responsable  de la Inspección dentro de ese organismo, Pablo Moreno Magazo, se incorporó el pasado 1 de febrero al alto equipo directivo de SantaLucía Seguros).

Fue tras la denuncia de Ferrando que sus superiores procedieron primero, a su despido, y posteriormente Santa Lucía Seguros presentó la querella criminal contra él. Durante la instrucción del caso, Morales Lacal, máximo responsable de la agencia 172 de SantaLucía, acabó siendo imputado por el juzgado que instruye la causa, ante el que declaró que nunca tuvo conocimiento de las presuntas gestiones fraudulentas que Nico Ferrando habría realizado por su cuenta y riesgo con el ayuntamiento de Villarrubia, y que habrían sido la causa de su despido. Sin embargo, en la causa figuran diversos correos electrónicos que desmienten este extremo, pues el propio Morales admitió ante la jueza que la cuenta desde la que se enviaron y recibieron los emails que podrían incriminarle, era su propia cuenta corporativa dentro de la red de SantaLucía, en concreto la agencia172@agencia.santalucia.es.

La falsedad de su testimonio al declararse ajeno a las contrataciones realizadas entre SantaLucía Seguros y el Ayuntamiento de Villarrubia, y achacar a Nico Ferrando todas las gestiones, ha quedado al descubierto en la mañana de este martes, durante la declaración ante el juzgado del propio alcalde de la localidad toledana, quien ha asegurado ante Su Señoría que él mismo llevó personalmente las negociaciones con la aseguradora, y que su contacto directo en la misma no fue otro que Manuel Morales Lacal, y no Nico Ferrando, como se había pretendido mediante la interposición de la querella criminal. Aún falta por conocerse qué decisiones tomará la jueza tras la esclarecedora declaración del alcalde, pero de la misma este martes parece deducirse con claridad que la querella contra Nico Ferrando no estaba justificada.

EL ABOGADO DE SANTALUCÍA ABANDONA LA CAUSA

La declaración del alcalde de Villarrubia se ha producido en ausencia de representación legal de SantaLucía Seguros, que fue quien interpuso la querella contra Nico Ferrando, toda vez que en la mañana del lunes el letrado que llevaba la causa, un reconocido jurista de alto prestigio en temas penales, presentara un escrito renunciando a seguir representando al gigante de los seguros, cediendo la venia a otro letrado. Sorprendentemente, la aseguradora no había designado ningún sustituto este martes.

EL 'CASO NICO FERRANDO'

El caso Nico Ferrando saltó a la luz pública en julio de 2014, cuando el joven agente denunció haber sido víctima de acoso y discriminación a causa de su orientación sexual en el seno de SantaLucía Seguros. La aseguradora negó siempre estas acusaciones, y argumentó que Ferrando había sido despedido después de que superior en la agencia en la que prestaba sus servicios como agente comercial, el ahora imputado Manuel Morales Lacal, detectara una serie de irregularidades en contratos suscritos con el Ayuntamiento de Villarrubia de cometidas sin su conocimiento.

Ferrando siempre sostuvo que fue él quien denunció esas irregularidades y que fue Morales Lacal quien las cometió, como parece haber quedado probado este martes tras la declaración del alcalde toledano. Ferrando también ha sostenido en todo momento que la querella criminal formaba parte de la estrategia de SantaLucía Seguros para desviar la atención sobre el acoso homofóbico sufrido y justificar su despido.