[su_box title="Tiempo de matar, de John Grisham" style="noise" box_color="#3898f6" title_color="#010619" radius="1"]
En la novela Tiempo de matar de John Grisham, la pequeña afroestadounidense de 10 años Tonya Hailey es cruelmente violada y golpeada por dos hombres blancos racistas. Mientras son escoltados a la cárcel, Carl Lee, padre de Tonya, que ha visto cómo otros hombres blancos que han abusado de niñas y mujeres negras han salido impunes de sus terribles delitos, asesina con una M-16 a los violadores de su hija. Todo ello sucede en el condado de Ford (Mississippi), en el que terratenientes blancos cultivan sus tierras con la mano de obra explotada de personas negras sometidas por su situación de necesidad. Grisham se inspiró para escribir Tiempo de matar en el brutal testimonio, real, de una niña de 12 años, víctima de una violación y agresión similar en 1984 en el condado de DeSoto, también en Mississippi.
Carl Lee, el padre de la víctima (de la novela) es acusado de homicidio y el fiscal pide para él para él la pena capital. Es defendido por el abogado Jake Bragance, que cuenta con la ayuda de un letrado inhabilitado, un abogado de divorcios de dudosa moral, y una estudiante de derecho con experiencia en casos de pena de muerte. El equipo también recibe el secreto apoyo de Ollie, un alguacil negro quien trata a Carl Lee de manera especial durante su estancia en la cárcel.
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Lee es procesado por Rufus Buckley, un fiscal corrupto que espera que el caso potencie su carrera política. Durante todo el proceso, el Bragance tropieza con todo tipo de impedimentos para garantizar un juicio justo a Carl Lee, comenzado por que el propio juez que preside el juicio, "Ichabod" Noose, rechaza ceder su competencia a otro tribunal, a pesar de que el contexto sociocultural y económico del condado de Ford garantiza un jurado blanco y de previsible poca o nula imparcialidad o condescendencia a la hora de juzgar a un presunto asesino negro. En la trama, además, el juez Noose es intimidado por elementos locales de la supremacía blanca, que defienden intereses ideológicos, sociales y económicos que peligran con cada derecho adquirido por los trabajadores afrodescedientes a consecuencia de los excesos desmedidos de lo peor de su casta dominante.
En la adaptación cinematográfica de la novela, dirigida pr Joel Schumacher y producida por el propio Grisham, el abogado, interpretado por Matthew Mcconaughey, sorprende al jurado con un sentido alegato que solicita que escuchen "con los cerrados". Bragance relata con desgarradora crudeza y detalle la violación sufrida por la pequeña Tonya, y antes de que el jurado vuelva a abrir los ojos, pide a su miembros que "imaginen a esa niñita". Tras un tenso silencio de diecinueve interminables segundos, añade: "y ahora, imaginen que es blanca". [/su_box]
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por Perico Echevarría.[/caption]
Las trece causas judiciales que conforman el caso Doñana 1998 se ha venido sosteniendo sobre tres patas jurisdiccionales: diez, por vulneración de Derechos Fundamentales, se dirimen desde el pasado 10 de septiembre, de forma individualizada, en los juzgados "de lo Social" de Huelva. Otras dos, de carácter penal, se instruyen, a trompicones, en sendos juzgados de Primera Instancia e Instrucción de La Palma del Condado (Huelva). En el número 1, la magistrada Virginia Sesma instruye presuntos Delitos contra los Derechos de los Trabajadores. Sesma mantiene el procedimiento en estado de sobreseimiento provisional. En el número 3, al mando del magistrado Carlos Serrano, la causa sobre Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual también ha sido archivada provisionalmente. Una última causa, por presuntos Delitos de Trata de Seres Humanos y Lesa Humanidad, fue objeto de "diligencias previas" por parte del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. El titular del Juzgado Central de Instrucción 1 desisitió de seguir con las diligencias tras un conflicto de competencia planteado por la Fiscalía, que aunque coincide con Pedraz en que los hechos denunciados y las pruebas aportadas son indiciarias de la presunta comisión del delito de trata, sostuvo que "la competencia para conocer de la denuncia no corresponde a los Juzgados Centrales de Instrucción, sino en su caso a los Juzgados de Instrucción de los de La Palma del Condado. La cuestión de competencias ha sido recurrida, "en casación", por los letrados de Ausaj, y se encuentra pendiente de resolver por el Tribunal Supremo.
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Informe de 24 de septiembre del Fiscal de la Audiencia Nacional sobre Competencia JCI (Diligencias Previas 56/18).
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El pasado 12 de septiembre, se conocieron las tres primeras de las diez sentencias que deben dictarse en los Juzgados de lo Social de Huelva. En ellas, que han sido recurridas, la magistrada titular del número dos, Mª Inmaculada Liñán, falla en contra de las denunciantes tras valorar toda la prueba propuesta por la defensa de la empresa y de los hermanos Matos, propìetarios de Doñana 1998, y rechazar la aportada por los abogados de las mujeres marroquíes, que incluyen hasta nueve horas y media de archivos digitales de audio y vídeo, debidamente fechados y de origen identificado. Esta revista ha tenido acceso a toda esa documental impresa y audiovisual, algunas de las cuales ha reproducido desde que -presuntamente- tuvieron lugar los hechos denunciados. La jueza Liñán (como antes los jueces Serrano y Sesma de La Palma del Condado, que coinciden en que "no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa" y han optado por el sobreseimiento provisional de sendas procedimientos), concluye que "nada de lo que se narra en demanda alcanza visos mínimos de verosimilitud".
En este artículo se detallan algunas de las pruebas y aspectos de las reclamaciones que comparten las diez mujeres que "prestaron servicios para la empresa Doñana 1998 como peones agrícolas en labores de recolección de fresa; a jornada completa, de lunes a sábado, con horario laboral de 7 a 14´30 horas, siendo el salario bruto diario, incluido p.p.e., según Convenio de aplicación, de, s.e.o.u., de 40´39 euros".
l informe de la Inspectora Galindo refiere que en una de sus visitas a la empresa, y "a la salida de uno de los módulos de viviendas se pudo apreciar la existencia de una chica marroquí con muletas, quien acudía a su cama. La empresa indicó que dicha trabajadora había tenido un accidente y se le ha puesto una prótesis de cadera". Un informe de la Guardia Civil que también consta en los diferentes autos del caso Doñana 1998, también menciona "una mujer convaleciente, tendida en la cama, según refiere por fractura de cadera". Varias fuentes sanitarias consultadas por La Mar de Onuba coinciden en que, por cuestiones de salud e higiene, pasar la convalecencia en los módulos compartidos descritos anteriormente "no es aconsejable" tras una intervención quirúrgica de esas características.
También consta en la prueba aportada por las temporeras un informe médico que acredita que una de las diez fue diagnosticada de parotiditis (paperas) el 2 de mayo. La trabajadora asegura que continuó trabajando cuando le era requerido hasta que empresa le comunicó la finalización de su contrato. Fuentes del centro medico donde fue asistida, manifestaron varias semanas después a La Mar de Onuba que el médico ACL (Nº Col. 21*****4), quien diagnosticó la enfermedad -que no es grave, pero sí altamente contagiosa-, había hecho constar que “las especiales condiciones de la paciente, temporera de la fresa en conviventes y difícil localización física”, y que había prescrito "su inmediato traslado a un centro hospitalario para la realización de los estudios pertinentes, y su aislamiento hasta tener confirmación de su impresión diagnóstica, al objeto de evitar que el virus fuera transferido a otras personas". El médico también confirmó a esta revista que la consulta médica tuvo lugar en presencia de otra empleada de la empresa, ya que la demandante no habla español y precisaba de intérprete. Toda la información sobre la exploración realizada por el médico y su impresión diagnóstica, fue transmitida a esta acompañante.
Ese mismo 7 de junio, la redacción de esta revista habló también con Manuel Matos, otro de los hermanos propietarios de la finca Doñana 1998, quien negó tener conocimiento del caso y afirmó desconocer sobre qué trabajadora se le estaba preguntando. Matos aseguró entonces que de haber tenido conocimiento de que la trabajadora se encontraba mal, hubiese recibido atención inmediata, ya que "Doñana 1998 mantiene un compromiso humano” con sus trabajadores y es "una empresa humanista”.
Por último, en sus demandas por presunta vulneración de Derechos Fundamentales, las temporeras contra la esclavitud exponen a los juzgados de lo Social (y los otros), que "eran constantemente recriminadas, debiendo soportar repetidos gritos y vejaciones con connotación xenófoba por su origen". También se denuncia que "en esas condiciones, a las trabajadoras se les incita a la prostitución a través de las propuestas que efectúan tres de las trabajadoras 'antiguas' de la empresa, también de origen marroquí". Los contactos sexuales, según el relato de las temporeras, serían "para con los jefes y para con terceros", y "que se les 'invita' a subir a vehículos para mantener relaciones con terceros". Una de ellas refiere haberse visto "involucrada en episodios de fuerte violencia en los que el mencionado Antonio Matos intentó por la fuerza el contacto sexual". Esta trabajadora sostiene que en una de las ocasiones logró llevársela "engañada" en su coche, "buscando una zona apartada donde consiguió penetrarla con los dedos. En las demandas se añade que "se ha de tener en cuenta el contexto general en que las trabajadoras se encuentran, sometidas a una situación de absoluta necesidad (pasando hambre y sin dinero) y extrema vulnerabilidad que hizo que algunas de ellas sucumbieran a la coacción que la situación supone".
Este estremecedor relato fue refrendado ante la jueza Liñán por la psicóloga Esther Sanguiao, en cuya explosiva declaración, que revestía carácter de prueba pericial, aumentaba la acusación al afirmar que la trabajadora que sufrió "episodios de fuerte violencia" presuntamente protagonizados por Matos, llegá a ser violada y penetrarda genitalmente. Sanguio explicó a la jueza que la presunta víctima se lo había confesado tras cuatro difíciles entrevistas de valoración, y que daba a su testimonio "total credibilidad". La psicóloga sostiene que la mujer estaba concienciada para contar su testimonio ante la jueza, pero ni esta ni el fiscal, presente en la sala, mostraron interés en abundar en esta acusación interrogado a la denunciante marroquí. La Mar de Onuba a tratado de recabar una opinión oficial de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Huelva sobre este proceder, pero de ha declinado hacer declaraciones al respecto.
La psicóloga también expuso que sus valoraciones de las demás entrevista realizadas le hacían concluir que las otras mujeres también dicen la verdad respecto del acoso y agresiones de carácter sexual que refieren haber sufrido, y que, dado su estado de extrema necesidad , "una de ellas aceptó prostituirse".
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"Las únicas obras grandes y morales son las de la verdad"
(Émile Zola)
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por Perico Echevarría.[/caption]
Las trece causas judiciales que conforman el caso Doñana 1998 se ha venido sosteniendo sobre tres patas jurisdiccionales: diez, por vulneración de Derechos Fundamentales, se dirimen desde el pasado 10 de septiembre, de forma individualizada, en los juzgados "de lo Social" de Huelva. Otras dos, de carácter penal, se instruyen, a trompicones, en sendos juzgados de Primera Instancia e Instrucción de La Palma del Condado (Huelva). En el número 1, la magistrada Virginia Sesma instruye presuntos Delitos contra los Derechos de los Trabajadores. Sesma mantiene el procedimiento en estado de sobreseimiento provisional. En el número 3, al mando del magistrado Carlos Serrano, la causa sobre Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual también ha sido archivada provisionalmente. Una última causa, por presuntos Delitos de Trata de Seres Humanos y Lesa Humanidad, fue objeto de "diligencias previas" por parte del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. El titular del Juzgado Central de Instrucción 1 desisitió de seguir con las diligencias tras un conflicto de competencia planteado por la Fiscalía, que aunque coincide con Pedraz en que los hechos denunciados y las pruebas aportadas son indiciarias de la presunta comisión del delito de trata, sostuvo que "la competencia para conocer de la denuncia no corresponde a los Juzgados Centrales de Instrucción, sino en su caso a los Juzgados de Instrucción de los de La Palma del Condado. La cuestión de competencias ha sido recurrida, "en casación", por los letrados de Ausaj, y se encuentra pendiente de resolver por el Tribunal Supremo.
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Informe de 24 de septiembre del Fiscal de la Audiencia Nacional sobre Competencia JCI (Diligencias Previas 56/18).
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El pasado 12 de septiembre, se conocieron las tres primeras de las diez sentencias que deben dictarse en los Juzgados de lo Social de Huelva. En ellas, que han sido recurridas, la magistrada titular del número dos, Mª Inmaculada Liñán, falla en contra de las denunciantes tras valorar toda la prueba propuesta por la defensa de la empresa y de los hermanos Matos, propìetarios de Doñana 1998, y rechazar la aportada por los abogados de las mujeres marroquíes, que incluyen hasta nueve horas y media de archivos digitales de audio y vídeo, debidamente fechados y de origen identificado. Esta revista ha tenido acceso a toda esa documental impresa y audiovisual, algunas de las cuales ha reproducido desde que -presuntamente- tuvieron lugar los hechos denunciados. La jueza Liñán (como antes los jueces Serrano y Sesma de La Palma del Condado, que coinciden en que "no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa" y han optado por el sobreseimiento provisional de sendas procedimientos), concluye que "nada de lo que se narra en demanda alcanza visos mínimos de verosimilitud".
En este artículo se detallan algunas de las pruebas y aspectos de las reclamaciones que comparten las diez mujeres que "prestaron servicios para la empresa Doñana 1998 como peones agrícolas en labores de recolección de fresa; a jornada completa, de lunes a sábado, con horario laboral de 7 a 14´30 horas, siendo el salario bruto diario, incluido p.p.e., según Convenio de aplicación, de, s.e.o.u., de 40´39 euros".
"Vulneración de Derechos Fundamentales" (I): contratos, salarios, alojamientos...
Las diez mujeres denuncian que "se les ofreció trabajo continuado por tiempo de tres meses, jornada de seis horas, con salario de algo más de cuarenta euros por día, con alojamiento en vivienda a cargo de la empresa y el traslado a España incluido. También que no han recibido copia del contrato de trabajo firmaron en Marruecos –que no se encontraba redactado en árabe-, ni se les lee, entregándoseles solamente un breve resumen en su idioma; cuando llegan a España, tampoco se le presenta a firma contrato alguno con la empresa española demandada, a la que viene asignada de antemano". En los Hechos Probados en los que la jueza Liñán basa su fallo (apoyados en dos informes realizados por la Inspectora de Trabajo Sonia Galindo), queda de manifiesto que, como denuncian las temporeras contra la esclavitud, la empresa no puede demostrar haberles entregado copias de los contratos. Es más, en el propio acto de juicio, el abogado de la patronal Freshuelva y la interprofesional Interfresa, Juan Ángel Rivera, aportó unas copias que carecían de la firma de las denunciantes. Así pues, no aparecen los contratos que las trabajadoras firmaron en Marruecos y de los que la empresa afirma no tener copia. El presidente de Ausaj, Jesús Díaz Formoso, resalta a este respecto que :::::::::::::::::::: La ley establece que para obtener permisos de trabajo y estancia en España, "los solicitantes deben estar en posesión de una copia de su contrato de Trabajo". Las temporeras contra la esclavitud denuncian que no se les hizo entrega de una copia de los suyos. Las únicas copias que ha aportado la empresa en sede judicial, carecen de las firmas de las trabajadoras. Doñana 1998 asegura que no pueden aportar las copias reclamadas por los abogados de las temporeras porque "cometieron el error de no quedarse con un justificante". También denuncian las diez mujeres que no han cobrado su salario ni se les ha entregado nomina o recibo en ninguna ocasión. Las sentencias de la juez titular del Juzgado de lo Social número 2 de Huelva también recogen que la propia empresa ha admitido no disponer de nóminas, recibos o justificantes que demuestren la pretendida falsedad de las diez mujeres marroquíes, algo que se debe a que "todos reciben los pagos en mano". En el caso de las denunciantes, los hermanos Matos aseguran que "no han cobrado porque además de habérselas llevado el SAT no saben dónde, no están de acuerdo en las cantidades, ya que ellas quieren cobrar todo el mes y según los cálculos de la empresa no han trabajado eso". Cabe recordar, a este respecto, que la oferta de empleo a la que se acogieron las denunciantes contratadas en origen, dice textualmente que el contrato será por tres meses de trabajo con "un día festivo a la semana". En hechos probados V, la jueza Liñán recoge que "durante dos días, mientras la empresa "tramita el alta en la seguridad social, se facilita a las trabajadoras información sobre el puesto de trabajo y pasan el control de calidad" (sic). "Durante este tiempo y hasta que no son dadas de alta, no comienzan la prestación efectiva de trabajo". Dicho de otro modo, no devengan salario alguno. "Para paliar su situación económica", recoge el texto de la magistrada, "la empresa adelanta 50 € a las productoras que lo solicitan". Las temporeras añaden que se les dijo que los contratos que nadie ha visto, eran por tres meses e incluían trabajar ( y cobrar) todos días de la semana, y que uno de ellos seria considerado festivo, es decir, de descanso remunerado. La empresa, cuya explicación da por válida la sentencia, admite que las trabajadoras sólo son requeridas para trabajar cuando las necesidades de la colecta así lo indican, y que se encarga a las manijeras la selección de trabajadoras "según la cantidad de fruta a recoger, y se intenta rotar para que todas tengan las mismas opciones". Los días ociosos, la empresa no paga a las trabajadoras ningún salario. Lo que manifiestan las denunciantes coincide con la oferta de empleo publicada por la agencia nacional Anapec dependiente del gobierno marroquí que aseguran que las animó a venir a España. Las sentencias dicen que "nada de lo que se narra en demanda alcanza visos mínimos de verosimilitud". [su_pullquote] [playlist type="video" ids="9414,23294"] [/su_pullquote] En su fallidas demandas, las diez mujeres afirman que han sido engañadas, pues las condiciones pactadas son incumplidas en su totalidad. Las primeras sostienen que, en verdad, "el conjunto de la situación resulta intolerable", que "así, de entrada a las trabajadora demandantes se les confina en un recinto vallado dentro de la misma finca, permaneciendo encerradas en varios momentos, alojándolas en contenedores en las que se ubica entre 6 y 8 mujeres por contenedor en literas o colchón en el suelo, sin agua potable y sin servicios ni ventanas; la cocina y los aseos son comunes, sirviendo para tales usos otros contenedores (sobre 12 mujeres han de hacer uso compartido de la cocina y aseos). El lugar donde se ubican los contenedores se encuentra sucio y en mal estado en general, así como los contenedores mismos, los cuales además presentan groseras goteras y desperfectos. Por estas condiciones terribles de insalubridad y falta de habitabilidad, encima a la trabajadora, en contra de lo pactado, se le cobra la cantidad de 3 euros/día, cantidad que, por lo demás, se descuenta directamente del salario, no entregándose contrato alguno al efecto". Sobre este asunto del alojamiento, las condiciones de habitabilidad y el cobro de una cantidad diaria a las trabajadoras, las denunciantes sostienen que en Marruecos nunca se les dijo que deberían convivir en módulos prefabricados con tres literas para seis trabajadoras, un módulo de ducha por cada 12 mujeres, una cocina-comedor también para cada docena de trabajadoras y un wc por cada seis; o que se les cobrarían el agua, la luz y el gas. Sobre el estado de los módulos, el propio informe de la Inspectora Sonia Galindo, (que en Hechos Probados XIII Liñán da "por reproducido"), la magistrada destaca que en un informe de la empresa Quirón Prevención de 23 de mayo de 2018, 12 días antes de la denuncia interpuesta por Belén Luján en la Inspección de Trabajo en nombre de las diez temporeras contra la esclavitud y otras 91 mujeres, "se observa que todo se cumple salvo de forma parcial" lo relativo a las taquillas individuales de las temporeras, que no cumplen con la normativa al carecer de cerraduras. Quirón también apunta que no se cumple con la superficie cama - trabajador, que la Ordenanza de Seguridad e Higiene dice que "no será inferior a cuatro metros cuadrados". Según la información que obra en autos, cada módulo prefabricado es de 15 metros cuadrados, y en cada uno de ellos se alojan hasta seis trabajadoras en tres literas. En la demanda, las diez mujeres también se quejan de que algunos de los contenedores, como se nombra a los módulos prefabricados, "presentan groseras goteras y desperfectos", aspecto que la empresa afirma desconocer. Los abogados han aportado vídeos grabados por las propias trabajadoras que corroboran su denuncia. En otro vídeo de observa el vallado de los contenedores dentro de la misma finca. Las temporeras denunciaron que "se les confina en un recinto vallado, permaneciendo encerradas en varios momentos". Estos y otros vídeos no han sido admitidos como prueba en las diferentes causas judiciales del caso Doñana 1998. La magistrada Liñán no los menciona en sus sentencias. Por último, respecto de si los hermanos Matos cobraban a las temporeras por el alojamiento, llama la atención que la Inspectora de Trabajo Galindo destaque como palabras textuales de la empresa que "habían realizado un cálculo del consumo de luz, butano, etc... de 59 euros que se cobraba, porque imagínate los consumos que tienen". Galindo también asegura que la propia empresa le hizo llegar un "informe de pago de gastos: luz agua y gas" que establece el cobro mensual de 59 euros a cada trabajadora alojada en la finca. La cifra "viene dada por una media realizada a partir del consumo de los contadores de las viviendas y el gasto de butano". Para la jueza Liñán, "nada de lo que se narra en demanda alcanza visos mínimos de verosimilitud"."Vulneración de Derechos Fundamentales", parte II: salud laboral, asistencia, sanitaria, trato vejatorio... recibos, condiciones de alojamiento..."
En las demandas que tramitan los juzgados de lo Social de Huelva, también se denuncia que "en al menos uno de los casos, la trabajadora refiere haber sufrido enfermedad y no haber sido atendida". Una de ellas ha aportado una grabación en la que se escucha a una mujer diciendo en castellano, que le va solucionar el traslado al médico, pero que tendrá un coste de 20 euros para la trabajadora. [audio mp3="http://revista.lamardeonuba.es/wp-content/uploads/2019/10/DOCUMENTO-14-AUD-20180715-WA0056-1.mp3"][/audio] E
l informe de la Inspectora Galindo refiere que en una de sus visitas a la empresa, y "a la salida de uno de los módulos de viviendas se pudo apreciar la existencia de una chica marroquí con muletas, quien acudía a su cama. La empresa indicó que dicha trabajadora había tenido un accidente y se le ha puesto una prótesis de cadera". Un informe de la Guardia Civil que también consta en los diferentes autos del caso Doñana 1998, también menciona "una mujer convaleciente, tendida en la cama, según refiere por fractura de cadera". Varias fuentes sanitarias consultadas por La Mar de Onuba coinciden en que, por cuestiones de salud e higiene, pasar la convalecencia en los módulos compartidos descritos anteriormente "no es aconsejable" tras una intervención quirúrgica de esas características.
También consta en la prueba aportada por las temporeras un informe médico que acredita que una de las diez fue diagnosticada de parotiditis (paperas) el 2 de mayo. La trabajadora asegura que continuó trabajando cuando le era requerido hasta que empresa le comunicó la finalización de su contrato. Fuentes del centro medico donde fue asistida, manifestaron varias semanas después a La Mar de Onuba que el médico ACL (Nº Col. 21*****4), quien diagnosticó la enfermedad -que no es grave, pero sí altamente contagiosa-, había hecho constar que “las especiales condiciones de la paciente, temporera de la fresa en conviventes y difícil localización física”, y que había prescrito "su inmediato traslado a un centro hospitalario para la realización de los estudios pertinentes, y su aislamiento hasta tener confirmación de su impresión diagnóstica, al objeto de evitar que el virus fuera transferido a otras personas". El médico también confirmó a esta revista que la consulta médica tuvo lugar en presencia de otra empleada de la empresa, ya que la demandante no habla español y precisaba de intérprete. Toda la información sobre la exploración realizada por el médico y su impresión diagnóstica, fue transmitida a esta acompañante.
Ese mismo 7 de junio, la redacción de esta revista habló también con Manuel Matos, otro de los hermanos propietarios de la finca Doñana 1998, quien negó tener conocimiento del caso y afirmó desconocer sobre qué trabajadora se le estaba preguntando. Matos aseguró entonces que de haber tenido conocimiento de que la trabajadora se encontraba mal, hubiese recibido atención inmediata, ya que "Doñana 1998 mantiene un compromiso humano” con sus trabajadores y es "una empresa humanista”.
Por último, en sus demandas por presunta vulneración de Derechos Fundamentales, las temporeras contra la esclavitud exponen a los juzgados de lo Social (y los otros), que "eran constantemente recriminadas, debiendo soportar repetidos gritos y vejaciones con connotación xenófoba por su origen". También se denuncia que "en esas condiciones, a las trabajadoras se les incita a la prostitución a través de las propuestas que efectúan tres de las trabajadoras 'antiguas' de la empresa, también de origen marroquí". Los contactos sexuales, según el relato de las temporeras, serían "para con los jefes y para con terceros", y "que se les 'invita' a subir a vehículos para mantener relaciones con terceros". Una de ellas refiere haberse visto "involucrada en episodios de fuerte violencia en los que el mencionado Antonio Matos intentó por la fuerza el contacto sexual". Esta trabajadora sostiene que en una de las ocasiones logró llevársela "engañada" en su coche, "buscando una zona apartada donde consiguió penetrarla con los dedos. En las demandas se añade que "se ha de tener en cuenta el contexto general en que las trabajadoras se encuentran, sometidas a una situación de absoluta necesidad (pasando hambre y sin dinero) y extrema vulnerabilidad que hizo que algunas de ellas sucumbieran a la coacción que la situación supone".
Este estremecedor relato fue refrendado ante la jueza Liñán por la psicóloga Esther Sanguiao, en cuya explosiva declaración, que revestía carácter de prueba pericial, aumentaba la acusación al afirmar que la trabajadora que sufrió "episodios de fuerte violencia" presuntamente protagonizados por Matos, llegá a ser violada y penetrarda genitalmente. Sanguio explicó a la jueza que la presunta víctima se lo había confesado tras cuatro difíciles entrevistas de valoración, y que daba a su testimonio "total credibilidad". La psicóloga sostiene que la mujer estaba concienciada para contar su testimonio ante la jueza, pero ni esta ni el fiscal, presente en la sala, mostraron interés en abundar en esta acusación interrogado a la denunciante marroquí. La Mar de Onuba a tratado de recabar una opinión oficial de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Huelva sobre este proceder, pero de ha declinado hacer declaraciones al respecto.
La psicóloga también expuso que sus valoraciones de las demás entrevista realizadas le hacían concluir que las otras mujeres también dicen la verdad respecto del acoso y agresiones de carácter sexual que refieren haber sufrido, y que, dado su estado de extrema necesidad , "una de ellas aceptó prostituirse".
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A la posible prostitución en la urbanización de módulos prefabricados, se refiere el propio Antonio Matos en un vídeo que también ha sido aportado (y rechazado) como prueba en los procedimientos, penales y laborales, que se siguen en los juzgados de La Palma del Condado y Huelva. El teléfono móvil de una de las denunciantes, grabó a Matos diciendo, literalmente, que "el problema de la finca son las que quieren las casas de prostitución", tras lo que señala a cuatro de sus trabajadoras: "tú, esta y dos más".
¿A qué se refería Antonio Matos? No consta que ninguna instancia policial, judicial o administrativa haya sido informada por el propietario de Doñana 1998 de tener conocimiento sobre que, dentro de su propiedad, había trabajadoras a las que "quieren casas de prostitución". Tampoco que la empresa activara su Protocolo para la prevención de la violencia en el trabajo (física y psicológica), acoso moral y acoso sexual que citan tanto la Inspectora Galindo como la jueza Liñán. Y eso que Matos parece expresar que dispone de pruebas sobre ello, pues se le escucha decir que "están las cámaras", que han grabado a algunas de ellas "toda la noche friqui friqui friqui". Lejos de anunciar que esas grabaciones pondrían fin a la presunta prostitución nocturna dentro de su finca, Matos advierte, en tono amenazante, de que "los vídeos van para Marruecos, para las familias". El vídeo no ha despertado el interés de ninguno de los actores judiciales que han venido interviniendo en este caso. Tampoco los informes psicológicos.
Sí lo han hecho los testimonios de los dos testigos propuestos por la empresa, de los que la jueza destaca que "declararon de manera rotunda, clara, explícita, contundente, sin dudas ni titubeos", así como los informes de la Inspección de Trabajo y los atestados de la Guardia Civil, "dotados de presunción de veracidad sin que se haya aportado prueba que desvirtúe tal presunción". De igual modo parecen opinar los jueces Sesma y Serrano de La Palma del Condado, ambos mantienen el sobreseimiento provisional de las respectivas causas penales que instruyen por delitos contra los Derechos los Trabajadores y contra la Libertad Sexual, respectivamente. En su último auto, Serrano insiste en que "no parece debidamente justificada la perpetración del delito". Una semana antes había vuelto a rechazar los recursos que le piden admitir como pruebas las casi nueve horas y media de audios y vídeos grabados por las temporeras durante su estancia en la finca de los hermanos Matos, así como autorizar las medidas de protección de identidad solicitadas por los letrados de Ausaj, y que el ordenamiento jurídico contempla para las presuntas víctimas de violencia de género, trata y agresiones sexuales. Para Serrano, "la recurrente [por los abogados], obvia, olvida, omite que se trata de unos hechos que presuntamente pueden ser constitutivos de un delito contra la libertad sexual, tratándose de "insinuaciones de carácter sexual". En un auto que rezuma cierto hartazgo por la instrucción, el juez de La Palma se queja de que los abogados de Ausaj "colapsan este juzgado con escritos, solicitudes de aplazamientos y recursos que hacen imposible seguir una línea de instrucción lógica y coherente".
El pasado 7 de octubre, tras una reunión informal de varias mujeres del colectivo feminista onubense (convocada expresamente para debatir sobre las recientes informaciones acerca el caso Doñana 1998, en el contexto socioeconómico y cultural de la contratación en origen de trabajadoras marroquíes), Esther Carbajo, del movimiento onubense Mujeres 24 horas, comentó a La Mar de Onuba que "lo prioritario en este momento es que estas mujeres reciban la ayuda psicológica y social que la psicóloga que ha elaborado los informes periciales considera muy necesarios dados sus estados de ansiedad y estrés postraumático, que se pueda proceder a su declaración con garantías para su integridad moral, y que puedan volver a sus casas sin sentirse tachadas por unas circunstancias que no han pedido vivir".
Respecto de las novedades judiciales del caso, Carbajo manifestó que "aunque sin un juicio y una sentencia es difícil esclarecer quién dice la verdad y quién miente en estos o cualquier otro caso, es muy posible que si las presuntas víctimas fueran mujeres españolas, lo que grabaron con sus móviles y los 'anomalías administrativas' de la empresa se trataran de otra forma en los tribunales".
[su_box title="Díaz Formoso propone la disolución de Ausaj ante 'la desesperanza que supone la admisión general de la esclavitud como Política de Estado'" style="noise" box_color="#3898f6" title_color="#010619" radius="1"]
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[/su_pullquote] El caso de las temporeras contra la esclavitud, cuyo final está aún por escribir, podría a ser el último en el que los abogados de la Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia (Ausaj) peten asistencia jurídica pro bono. El presidente de la asociación, Jesús Díaz Formoso, adelantó el pasado viernes a través de la red social Twitter de Punto Crítico (la publicación digital editada por Ausaj) que "ante la desesperanza que supone la admisión general de la esclavitud como Política de Estado, ante la ausencia de voces a favor de las esclavas, he propuesto disolver AUSAJ y dejar de editar Punto Crítico". La propuesta será defendida por el propio Díaz Formoso en una asamblea que tendrá lugar en el mes de noviembre. Como se puede leer en su acta fundacional, Ausaj, nació porque a pesar de que "la Justicia emana del Pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley” (Constitución – Art. 117, 1º), "el Poder Judicial constituye el único de los tres Poderes clásicos del Estado no sujeto al principio democrático, pues sus miembros no son elegidos por los ciudadanos. Ni siquiera por sus representantes políticos. Por ello, la necesidad de su especial sujeción a responsabilidad alcanza rango constitucional. En este sentido, la Exposición de Motivos de los Estatutos de Ausaj dice que "el ejercicio de un poder sin control sólo puede conducir a la arbitrariedad y, luego, a la corrupción, que sólo podrá mantenerse mediante la intimidación. Más aún cuando se trata del Poder Estatal que controla y dirige el aparato coactivo del Estado, y ese Poder es ejercitado con carácter vitalicio por un pequeño grupo de ciudadanos no elegidos democráticamente". Las consecuencias de tal situación para la efectividad del Estado de Derecho resultan demoledoras, pues la solución de los conflictos producidos entre los ciudadanos, o entre estos y las administraciones públicas, se encuentra a cargo de un pequeño grupo de ciudadanos, fuertemente cohesionado que, en la práctica, se define como irresponsable, lo que los sitúa al margen, o incluso por encima, de la Ley". Son miembros de Ausaj, hasta su previsible disolución en noviembre de este año, personas físicas o jurídicas de nacionalidad española que, no siendo Personas Jurídicas con ánimo de lucro, "sean o puedan llegar a ser usuarios de la Administración de Justicia española, así como quienes tengan o puedan llegar a tener cualquier tipo de relación, profesional, laboral, funcionarial o contractual, directa o indirecta, con la Administración de Justicia Española o con cualesquiera Órganos Judiciales o Administrativos españoles, incluyendo el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, así como el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, Juntas Electorales o cualquier órgano de la Administración Electoral u organismos similares de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales". Entre otros fines de la asociación, destacan "promover y garantizar la efectividad de los Derechos Fundamentales, así como de sus garantías constitucionales, en el ámbito de la Administración de Justicia". "promover y velar por la eliminación de cualquier forma de Indefensión en el ámbito de la Administración de Justicia", "promover y contribuir por cualquier modo válido en derecho a la efectiva exigencia de cualquier género de Responsabilidad, tanto en vía Disciplinaria como Civil o Penal, que se pueda derivar de cualquier tipo de vulneración de los Derechos Fundamentales, así como de sus garantías constitucionales en el ámbito de la Administración de Justicia", o "promover, velar, amparar y garantizar, por cualquier modo válido en derecho, la Independencia e Imparcialidad de los Jueces y Magistrados en el ejercicio de sus competencias jurisdiccionales y/o gubernativas".[/su_box] [embed]http://www.lamardeonuba.es/esther-sanguiao-psicologa-de-las-temporeras-contra-la-esclavitud-estan-derrumbadas-tras-reencontrarse-en-un-juzgado-de-huelva-con-su-presunto-agresor-y-que-ni-el-fiscal-pidiera-interrogarlas/[/embed]Ante la desesperanza que supone la admisión general de la ESCLAVITUD como Política de Estado, ante la ausencia de voces a favor de las ESCLAVAS, he propuesto disolver AUSAJ y dejar de editar Punto Crítico. La Asamblea será en noviembre; entre tanto seguiremos publicando. Chus— Punto Crítico (@puntocriticoDH) October 11, 2019
