Una resolución firmada por María Eugenia Limón para contratar de forma ilegal a la esposa del vicepresidente José Manuel Alfaro (como funcionaria interina y con un sueldo mensual de más de 3.000 euros brutos) es descrita en una nota de prensa institucional como “deficiencia administrativa”. Desafortunado eufemismo pergeñado a la desesperada tras saber que el Partido Popular había descubierto recientemente el fraude. Como lo habían hecho, hace ya dos meses, el secretario y el interventor del ente provincial, que forzaron el cese fulminante de la esposa de Alfaro veinte días después de incorporarse a la nómina de la Diputación, lo que acredita la irregularidad de su contratación. La “deficiencia administrativa” consistió en la alteración del orden en la bolsa de empleo público para favorecer a la esposa de Alfaro, relegando a otra persona a la que legítimamente correspondía ocupar el puesto de funcionaria interina.
A un conocido diario de tirada nacional, el escándalo Alfaro le ha servido para recrearse en el tema de las contrataciones a dedo en las instituciones públicas onubenses, otra vez de actualidad a cuenta del poco edificante baile de ceses y nombramientos en la Diputación Provincial, desatado por María Eugenia Limón tras sustituir en la presidencia -bendecida por Ferraz- al dimitido Ignacio Caraballo. El Mundo ha bautizado a la entrada y salida de cargos socialistas en la institución provincial como “la guerra de los asesores”, que enmarcan en el actual clima de enfrentamiento entre el sector alineado con Caraballo y su cuñado, el diputado autonómico Mario Jiménez (ex susanistas acérrimos devenidos en sanchistas de toda la vida tras la caída en desgracia del ex líder provincial), y el de los leales a la actual dirección del PSOE de Andalucía y a su secretaria general, Susana Díaz.
La resolución que nombró funcionaria interina de forma ilegal a la esposa del ya ex diputado y ex concejal del Ayuntamiento de Moguer, desbordó el secular nepotismo político que el imaginario onubense atribuye a 40 años de mayorías absolutas socialistas en la Diputación de Huelva, y se situó en el terreno del prevaricato, ese delito que cometen en exclusiva los servidores públicos que dictan resoluciones arbitrarias a sabiendas de que son injustas y contrarias a la ley. Procede poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía y que se investigue tal eventualidad. No hay ninguna "altura de miras" ni "ejemplaridad" tratando de reducir un comportamiento tan mezquino a simple "discrepancias de carácter técnico" resueltas -empero- con cese fulminantes, dimisiones por "obligación moral" y alegatos de transparencia trasnochada.
El problema es que la resolución que nombró funcionaria interina de forma ilegal a la esposa del cesado y dimitido José Manuel Alfaro, fue firmada por la mismísima presidenta de la Diputación Provincial de Huelva, María Eugenia Limón. La nota de prensa no lo decía. No hay eufemismos para ciertos detalles. Huelva, siglo XXI. Todo bien.
