Publicado en www.diarioprogresista.es
La diputada de la Asamblea de Madrid, Livia Castillo, denunció la semana pasada cómo Esperanza Aguirre oculta, amparada en el rodillo de la mayoría absoluta, cualquier información sobre contratos y ejecución de proyectos de su gobierno. Ello no impide que la realidad de los servicios públicos de la Comunidad de Madrid llegue a conocerse. Recientemente se ha conocido un demoledor estudio realizado por el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid, que evidencia cómo las políticas del Tea Party español no sólo están deteriorando el sistema educativo madrileño, sino las graves consecuencias que están teniendo para nuestros niños y niñas de 0 a 6 años.
Es lo que está ocurriendo en Madrid como consecuencia de los decretos sobre educación infantil que aumentan las ratios educadores/alumnos, con -como recoge el estudio- “la consecuente, disminución de unos espacios que han de albergar a más niños y niñas, en los que hay el mismo número de materiales y que, además, no disponen de las mismas posibilidades de reciclaje y reposición como consecuencia del recorte presupuestario”. A ello se suma la reducción drástica del número de apoyos anteriores y el desembarco de profesionales menos cualificados, porque los decretos de Esperanza Aguirre así lo autorizan. Esta es la realidad que subyace al aumento de plazas escolares con el que se pretende justificar la política educativa para niños de 0 a 6 años de la CAM. El informe de la UCM viene a desmentir uno anterior elaborado por el Defensor del Menor de Madrid que, tras la denuncias presentadas en su oficina por los padres y madres cuyos hijos e hijas se han visto afectados, bendecía las políticas de educación infantil del PP madrileño sin datos científicos que lo corroboraran, llegando a afirmar que las carencias provocadas por los recortes de la consejería de Lucía Figar estaban compensadas “por la profesionalidad y entrega de los profesionales de los centros”. Y se quedó tan contento con la afirmación, dicho sea de paso.
Sin embargo, los datos del estudio de la UCM acreditan “que el incremento del tamaño de los grupos conduce a sustituir actividades orientadas a favorecer aprendizajes en todos los ámbitos del desarrollo, basadas en actitudes de afecto, respeto y serenidad, por otras que sólo pueden aspirar a cubrir atropelladamente sus necesidades más básicas, y que van transformando la práctica educativa que se desarrollaba en las aulas, por otra de carácter asistencial que, en algunas ocasiones, ni siquiera logran alcanzar sus objetivos. El estudio recoge hechos tan preocupantes como que en muchos de los centros afectados “los niños deben dormir con los zapatos puestos, no se les cambia el pañal durante toda una mañana más que en los casos más urgentes, una misma educadora sirve la comida, barre, friega el aula, etc.” Obviamente, añade, “la calidad de la educación está lejos de alcanzar los estándares adecuados en estas circunstancias.”
Lo más temible de todo lo recogido en el informe es que lo que los analistas presentan como consecuencias negativas de la forma que el Partido Popular tiene de administrar los derechos de todos ciudadanos, en realidad responde a unos objetivos más que intencionados. En la medida que los centros públicos y subvencionados por la Comunidad de Madrid pierdan el carácter educativo para transformarse, como bien dicen los profesionales de la UCM, en otros de carácter asistencial, la derecha garantiza la diferenciación de clases que siempre, a pesar del mucho maquillaje publicitario de la lideresa, se esconde detrás del programa político del Partido Popular. Cuando sólo los que pueden pagarlo acceden a un sistema “que reduce el abandono y el absentismo escolar, y la posibilidad de presentar necesidades educativas especiales en años posteriores, y en el que el alumnado obtiene puntuaciones significativamente mayores en el desarrollo cognitivo, lingüístico, la autoestima, las habilidades sociales, la capacidad para regular el propio aprendizaje, la motivación, las aspiraciones académicas y el rendimiento a lo largo de su escolaridad”, sitúan a sus descendientes en una posición privilegiada frente a una clase trabajadora que sólo puede acceder a un sistema público que, tras los decretos de Aguirre, “produce efectos nocivos en los niños y niñas, eleva los niveles de impulsividad y la tendencia a presentar conductas desafiantes que pueden mantenerse, incluso, al finalizar su vida escolar. Estos centros educativos de dudosa calidad no consiguen compensar los efectos perniciosos derivados de la pobreza; ni reducen la delincuencia a largo plazo, ni mejoran las actitudes y la competencia del alumnado que se encuentra en riesgo de marginación, ni favorecen su inclusión social”.
Como afirman los miembros de la Plataforma de Madrid por la Defensa de la Etapa de Educación de 0 a 6 años, que ha hecho público el estudio que vengo citando, “la Escuela Infantil es, junto a la familia, el principal contexto de desarrollo de los niños. De la calidad de la educación que reciban depende el éxito de sus futuros aprendizajes escolares, pero también su desarrollo social y afectivo, y la forma en la que cada uno se relacionará consigo mismo, con el mundo y con el resto de las personas”. La plataforma pide a los políticos que respeten los derechos de los niños y niñas y que regulen adecuadamente las variables estructurales de los centros educativos para garantizar las condiciones que permiten impartir una educación de calidad a la primera infancia.
La igualdad y el final de las diferencias entre familias de mayor o menor poder adquisitivo -o entre clases sociales- comienzan, necesariamente, en la educación. Sólo las políticas progresistas han tratado de garantizar esa igualdad desde que se instauró nuestra joven Democracia. La derecha del PP, tan bien representada por el gobierno de la Comunidad de Madrid y por Esperanza Aguirre, lo sabe, y por eso impone decretos que, bajo la falsa apariencia de aumentar las plazas disponibles y facilitar la conciliación de familia y trabajo, sólo buscan garantizar una estrategia de selección que garantice en el futuro los “puestos de salida” a los hijos e hijas de la que consideran una casta privilegiada. La suya.
