---------------------------------------------
Publicado en Diario Progresista
Cárcel disuasoria. Es lo que pretende aplicar Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior, para evitar que se dañe "la imagen de España". La medida se sumaría a la ya anunciada por Diaro Progresista que permitiría aplicar el código penal a quienes convoquen concentraciones por Internet. Sin duda, el Gobierno teme que dentro de unas semanas se repitan imágenes como las vividas el año pasado con las acampadas del 15-M, por lo que la "resistencia pasiva" también será delito.
Fernández Díaz sabe que existen convocatorias a través de las redes sociales que están llamando a repetir el próximo mes los movimientos de protesta generados tras la abrumadora manifestación convocada por Democracia Real Yael 15 de mayo del pasado año, que derivaron en las acampadas que durante más de un mes mantuvieron en jaque a las autoridades en un buen número de ciudades de toda España.
Por este motivo, de forma acelerada, y sin debate previo, pretende que el Gobierno del Partido Popular, que nunca ha sido amigo de las manifestaciones populares que no estuvieran convocadas por la iglesia dirigida por el alemán Joseph Ratziger o movimientos de ultraderecha como Manos Limpias, legisle para poder encarcelar a quiene promuevan este tipo de acciones de protesta ciudadana.
Jorge Fernández Díaz, ha admitido este jueves que la reforma del Código Penal que pretende ampliar la pena de uno a dos años de cárcel para aquellos que convoquen actos violentos a través de medios como Internet, está pensada para poder encarcelar de manera cautelar "a una minoría violenta que genera alarma social y daña la imagen de España".
El ministro ha explicado que "como para pedir medidas cautelares tiene que haber una pena mínima de dos años y actualmente esos delitos están contemplados en el Código Penal con penas de uno a tres años de cárcel, nuestra pretensión es que en lugar de uno a tres años, pase a ser de dos a tres o de dos a cuatro. Si el mínimo es de dos años entonces, atendiendo a cada caso y teniendo en cuenta la multirreincidencia o el grado de violencia, el fiscal puede pedir cárcel como medida cautelar", ha explicado el ministro al ser preguntado por los periodistas.
Según ha dicho, "cada vez hay más grupos antisistema violentos que se están manifestando usando técnicas de guerrilla urbana, produciendo atentados contra las personas y los bienes públicos y privados". A su juicio, "alteran la convivencia pacífica, generan alarma social y están haciendo mucho daño a la imagen de España" y por ello cree que eso, "con incrementar de un año a dos la pena mínima, se podría resolver". "No hay ahora en el ordenamiento jurídico una respuesta a ese fenómeno novedoso", ha zanjado.
SE APLICARÁ "EL SENTIDO COMÚN"
No obstante, el ministro ha ´aclarado´ que "se aplicará el sentido común" y que no será lo mismo "gritar a sangre y fuego en una manifestación que actuar". Habrá que analizar cada caso, ha explicado Fernández Díaz al tiempo que ha precisado que la reforma eximirá a quienes convoquen una concentración sin ánimo violento y luego derive en disturbios o incidentes.
No obstante, ha matizado que "estamos hablando de un proceso que se inicia con la convocatoria por parte de un grupo de personas para organizarse y que esa organización tiene como finalidad la comisión de hechos delictivos" Por eso, la evaluación primera de los hechos estará en manos de la policía, que será quien pueda decidir a quién hay que detener y a quién no, y ya luego "fiscales y jueces", ha zanjado.
El anuncio del ministro del Interior ha causado una gran preocupacuión en movimientos sociales que esperan ansiosos para conocer el contenido real de las medidas anunciadas, ya que se teme que el Gobierno esté preparando una esprial de represíon contra una ciudadanía que ve cómo la protesta y la manifestación van siendo los últimos recursos para luchar contra leyes que se condieren injustas o reformas que están mermando de forma acelerada los derechos de ciudadanía y los derechos sociales que esta ha obtenido desde que se instauró la Democracia en neustro país tras la muerte del dictador Franco.
Por este motivo, de forma acelerada, y sin debate previo, pretende que el Gobierno del Partido Popular, que nunca ha sido amigo de las manifestaciones populares que no estuvieran convocadas por la iglesia dirigida por el alemán Joseph Ratziger o movimientos de ultraderecha como Manos Limpias, legisle para poder encarcelar a quiene promuevan este tipo de acciones de protesta ciudadana.
Jorge Fernández Díaz, ha admitido este jueves que la reforma del Código Penal que pretende ampliar la pena de uno a dos años de cárcel para aquellos que convoquen actos violentos a través de medios como Internet, está pensada para poder encarcelar de manera cautelar "a una minoría violenta que genera alarma social y daña la imagen de España".
El ministro ha explicado que "como para pedir medidas cautelares tiene que haber una pena mínima de dos años y actualmente esos delitos están contemplados en el Código Penal con penas de uno a tres años de cárcel, nuestra pretensión es que en lugar de uno a tres años, pase a ser de dos a tres o de dos a cuatro. Si el mínimo es de dos años entonces, atendiendo a cada caso y teniendo en cuenta la multirreincidencia o el grado de violencia, el fiscal puede pedir cárcel como medida cautelar", ha explicado el ministro al ser preguntado por los periodistas.
Según ha dicho, "cada vez hay más grupos antisistema violentos que se están manifestando usando técnicas de guerrilla urbana, produciendo atentados contra las personas y los bienes públicos y privados". A su juicio, "alteran la convivencia pacífica, generan alarma social y están haciendo mucho daño a la imagen de España" y por ello cree que eso, "con incrementar de un año a dos la pena mínima, se podría resolver". "No hay ahora en el ordenamiento jurídico una respuesta a ese fenómeno novedoso", ha zanjado.
SE APLICARÁ "EL SENTIDO COMÚN"
No obstante, el ministro ha ´aclarado´ que "se aplicará el sentido común" y que no será lo mismo "gritar a sangre y fuego en una manifestación que actuar". Habrá que analizar cada caso, ha explicado Fernández Díaz al tiempo que ha precisado que la reforma eximirá a quienes convoquen una concentración sin ánimo violento y luego derive en disturbios o incidentes.
No obstante, ha matizado que "estamos hablando de un proceso que se inicia con la convocatoria por parte de un grupo de personas para organizarse y que esa organización tiene como finalidad la comisión de hechos delictivos" Por eso, la evaluación primera de los hechos estará en manos de la policía, que será quien pueda decidir a quién hay que detener y a quién no, y ya luego "fiscales y jueces", ha zanjado.
El anuncio del ministro del Interior ha causado una gran preocupacuión en movimientos sociales que esperan ansiosos para conocer el contenido real de las medidas anunciadas, ya que se teme que el Gobierno esté preparando una esprial de represíon contra una ciudadanía que ve cómo la protesta y la manifestación van siendo los últimos recursos para luchar contra leyes que se condieren injustas o reformas que están mermando de forma acelerada los derechos de ciudadanía y los derechos sociales que esta ha obtenido desde que se instauró la Democracia en neustro país tras la muerte del dictador Franco.
