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miércoles, 4 de octubre de 2017

La izquierda irresponsable


"Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña, con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada -ilegalmente-la independencia de Cataluña". Las primeras palabras del Jefe del Estado establecieron ayer una realidad sobre hechos sucedidos, y señalaron de forma inequívoca a los responsables. El rey Felipe VI hizo un relato real, sin medias tintas y sin concesiones fuera de lugar cuando se está violando el orden jurídico establecido del que los españoles nos hemos dotado de forma democrática incuestionable. El monarca aseguró, sin ambages, que "determinadas autoridades de Cataluña", que no son otras que el Parlament y el Govern, "de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la Ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno. Con sus decisiones han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Un Estado al que, precisamente, esas autoridades representan en Cataluña. Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando -desgraciadamente- a dividirla. Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada".
La izquierda irresponsable es la que ha descrito como una declaración política y "de parte" las palabras del Rey. La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero. Y es muy posible que si esa izquierda, irresponsable, no estuviese haciendo cábalas electoralistas a costa del Estado de derecho, Felipe VI no hubiese ocupado ayer los televisores de todo el país. No hubiese sido necesario, porque no estaría en cuestión la democracia.
¿A quién llamo izquierda irresponsable? A la actual dirección del PSOE y a la de Izquierda Unida. A Podemos, por méritos propios, no lo puedo considerar un partido de izquierdas, pues los movimientos de corte falangista (considerando como falange la tercera acepción del DRAE) y antisistema, hace tiempo que dejaron de formar parte de la izquierda democrática, por más que se reclamen como tal. 
La dirección del PSOE no puede seguir jugando a "ni conmigo ni sin mí", y debe posicionarse de una vez del lado de la Constitución. Se acabó el tiempo de reclamar puerilmente diálogo con quien ha demostrado una y otra vez que no está dispuesto a dialogar nada que no sea la rendición del Estado y el sometimiento de la mitad de los catalanes a sus dictados. Es irresponsable. Si el lunes se proclama, ilegalmente, la Declaración Unilateral de Independencia, el PSOE debería ser el primer partido en exigir la aplicación inmediata del temido artículo 155 de la Constitución Española. Y no llegar el último, acomplejado y a rebufo. Un partido de Gobierno no puede permitirse esa actitud ambivalente y cobarde.
La dirección de Izquierda Unida ha reclamado y defendido determinación y dureza en otros países ante levantamientos populares en contra del orden establecido. Su actitud ante el conflicto catalán no es cobarde, es hipócrita. Irresponsable.
Frente a un Gobierno, de derechas y atenazado por la corrupción, que tampoco está dando grandes muestras de responsabilidad, la ausencia de (los partidos de) la izquierda en la defensa férrea del Estado de derecho y de la Constitución (que hay que modificar, ya, eso no está en discusión) es vergonzante y peligrosa. Ceder el espacio de la razón a quienes también la violan todos los días, es, sencillamente, irresponsable. La izquierda irresponsable.

miércoles, 2 de agosto de 2017

Plurinacionalidad

Publicado en IrisPress Magazine



Andamos los socialistas enredados en un debate, en mi opinión, sumamente estéril cuando se viste de discrepancia y solo induce a la confusión de la ciudadanía y, con ella de nuestros votantes. Me refiero, cómo no, a la denominada plurinacionalidad.

Ante la duda, lo que procede es remitirse a los propios documentos y resoluciones aprobadas por el 39 Congreso Federal, y salir de dudas.

¿Qué dicen dichos documentos? No hay más que ir al que lleva por título Resoluciones del 39 Congreso Federal, y en su primer apartado, titulado Comisión 1. Marco estratégico, Ponencia Política y Social, página 41, podemos leer:

Proponemos una reforma constitucional federal, que mantenga la unidad del Estado, perfeccionando el carácter plurinacional del mismo, y que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español, de acuerdo con los arts. 1 y 2 de la CE.

Fin de la cita. La palabra plurinacional no vuelve a aparecer en todo el texto. Para saber qué implica la inclusión de la misma en el documento, tenemos necesariamente que remitirnos a otro, mucho más detallado y de solo 11 paginas, al que también podemos acceder en la página web del PSOE, titulado Propuesta socialista de reforma constitucional: Por un nuevo pacto de Convivencia, y en el que a partir de su página 7 podemos leer qué propone realmente el PSOE al respecto del encaje territorial del Estado en la Constitución Española. Dice:

Así, de acuerdo con ese compromiso, los socialistas proponemos:

• Incluir en la Constitución a las Comunidades Autónomas por su nombre. Incorporar la referencia a la autonomía de las Ciudades de Ceuta y Melilla.

• Mejorar el régimen de cooficialidad de las lenguas de España con el objetivo de establecer su reconocimiento como lenguas del Estado y la garantía de la libertad de uso, sin discriminación, de cualquiera de las lenguas oficiales en los territorios de las respectivas Comunidades.

• Reformar el Senado para convertirlo en una auténtica Cámara territorial. Redefinir sus funciones para vincularlas a las que derivan de la dimensión territorial (legislación básica del Estado, leyes con incidencia territorial, leyes de financiación, asuntos de la UE que afecten a las comunidades). Revisar su estructura y composición optando entre un modelo intergubernamental o un modelo representativo de las Comunidades.

• Incluir el principio de lealtad federal entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Impulsar los instrumentos de colaboración y cooperación entre administraciones. Precisar la responsabilidad respectiva del Estado y de las CCAA en relación con el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados de la UE.

• Racionalizar, clarificar y completar el sistema de distribución competencial, incluyendo la delimitación, al máximo posible, de los ámbitos respectivos en las competencias compartidas y enunciando de manera precisa los títulos competenciales de carácter horizontal del Estado.

• Reconocer las singularidades de distintas nacionalidades y regiones y sus consecuencias concretas: lengua propia; cultura; foralidad; derechos históricos; insularidad; ultraperificidad; organización territorial o peculiaridades históricas de derecho civil.

• Atribuir al Estado la garantía de la igualdad de todos los españoles en sus condiciones básicas de vida, en el disfrute de los servicios básicos esenciales, en el ejercicio de los derechos y libertades y en el cumplimiento de los deberes, así como la igualdad en el territorio en el que se resida.

• Establecer los elementos fundamentales del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas conforme a los principios de certeza, estabilidad, y equilibrio en el reparto de los recursos públicos y los de autonomía financiera, suficiencia, corresponsabilidad, coordinación, solidaridad y equidad interterritorial, definiendo la forma de operar de los mecanismos de nivelación financiera con el objetivo de dar la máxima transparencia a la garantía del principio de solidaridad a través del reconocimiento de niveles similares de servicios públicos; el alcance del concepto de esfuerzo fiscal similar en todos los territorios entendido como la existencia de una referencia normativa de tipos impositivos efectivos iguales; la atención a la precisión del Tribunal Constitucional de que la contribución interterritorial no coloque en peor condición relativa a quien contribuye, impulsando asimismo la convergencia de renta y riqueza entre las Comunidades que permita garantizar el principio de igualdad; y el reconocimiento de los imprescindibles instrumentos de cohesión, equilibrio y convergencia territorial.

• Configurar en la Constitución una autonomía local fortalecida y sostenida sobre los principios de competencias propias, subsidiariedad y suficiencia financiera, el impulso a la cooperación intermunicipal y la protección de la igualdad de los ciudadanos en el acceso a los servicios esenciales en los municipios rurales.

• Mantener la unidad del poder judicial y la preeminencia del Tribunal Supremo, orientado principalmente, mediante el recurso de casación, a la unificación de doctrina. Atribuir a los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades la culminación ordinaria de la resolución de los recursos judiciales. Garantizar la independencia del Consejo General del Poder Judicial y posibilitar la desconcentración en las Salas de Gobierno de los TSJ de determinadas decisiones administrativas.

Sí. Han leído bien, la propuesta de reforma constitucional de los socialistas, es decir, la que afectaría a la ciudadanía en cualquiera de sus territorios y transciende el encendido y no poco impostado debate interno, no incluye ni desarrolla el concepto de “plurinacionalidad”. Por no incluir, tampoco incluye la expresión nación de naciones. Ni se sale por arriba, por abajo, izquierda o derecha, de la conocida como Declaración de Granada subscrita el 6 de julio de 2013 por todas y cada una de las federaciones que conforman el PSOE. 

Tampoco, pues, de las resoluciones aprobadas por el 13 Congreso del PSOE de Andalucía, al que por no incluir la palabra plurinacionalidad en sus textos, se ha regado de reproches y advertencias por parte de los muchos portavoces autorizados del nuevo PSOE (menos Óscar Puente), alimentando a los medios de comunicación  de extravagantes titulares sobre división y disciplina, que más parecen buscar la satisfacción -y tal vez próxima complicidad- de dirigentes de otros partidos, pero es muy posible que alejen a nuestros votantes.

El debate, como decía al principio, resulta sumamente estéril y confuso en ausencia de una discrepancia que, ustedes mismos pueden comprobarlo, ni existe ni ha existido nunca sobre el papel. El PSOE sigue estando donde estaba, y ello debe ser motivo de tranquilidad para todos los españoles, en Andalucía, Cataluña o cualquiera de sus nacionalidades y regiones.

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Nota.- Como añadido a tener en cuenta, la propia Declaración de Barcelona, también conocida como 'Acuerdo entre la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y la Comisión Ejecutiva del PSC por el catalanismo y la España federal', textualmente dice: 


"El PSOE ofrece a la sociedad catalana y al conjunto de la sociedad española los acuerdos de Granada y, más concretamente, el documento “Hacia una estructura federal del Estado” como una propuesta para seguir avanzando juntos".

En dicho texto, ni siquiera aparece el término "nación", refiriéndose siempre a "nacionalidades".

martes, 23 de febrero de 2016

La farsa de los pactos (II). Reforma Constitucional imposible

En estado eufórico estadista se presentaba este martes Pedro Sánchez ante los medios para confirmar que había llegado a un "principio de acuerdo" con Albert Rivera. Como niño con zapatos nuevos; más niño que bien calzado.

Sánchez ha aceptado reformar la Constitución según lo exigido por el presidente de la formación naranja. Es más, se ha comprometido a hacerlo. La pregunta es ¿cómo piensa hacerlo?

Veamos antes de comentarlo los cambios propuestos por Rivera. En primer lugar suprimir las diputaciones provinciales que serán sustituidas por “consejos de alcaldes”.  Algo tan impreciso que no aclara qué tipo de estructura supondrán dichos consejos, qué atribuciones tendrían y de qué forma van a garantizar las prestaciones y servicios que las corporaciones provinciales garantizan hoy por hoy a los pequeños municipios. Tampoco qué ocurrirá con los más de 65.000 trabajadores (funcionarios o laborales) que dependen de las diputaciones.

Por otra parte, limitar el mandato del presidente del Gobierno a ocho años, o dos legislaturas.

También reducir a la mitad -de 20 a 10- los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, sin aclarar, al menos de momento, si dicha reducción afectará a la forma en que son elegidos actualmente o si dicha modificación garantizará la separación de poderes que tantos sentimos en demasiadas ocasiones como irreal.
La modificación de la CE incluiría también la supresión de los aforamientos de senadores y diputados en el Parlamento nacional y en los autonómicos. Nada que objetar. Es muy necesario y razonable.
Por último,  se pretende reducir de 500.000 a 250.000 las firmas exigidas para presentar una iniciativa legislativa popular (ILP) en el Congreso. Nada se dice de cómo evitar que la Mesa del Congreso solo esté obligada a “acusar recibo” de las firmas, pero no a tramitar y llevar a pleno las iniciativas.
Hasta aquí, todo bien. Se estará más o menos conforme, pero son propuestas. Con mucho titular y poco cuerpo, pero propuestas al fin y al cabo.
El problema del acuerdo es que se basa en un compromiso imposible de cumplir. Si Pedro Sánchez hubiese planteado que el pacto supone llevar al Pleno de Las Cortes estas propuestas, pase. Afirmar categóricamente que las va llevar a efecto es, sencillamente un ejercicio de inocencia, hipocresía o, en el peor de los casos, de ignorancia.
Las modificaciones prometidas están reguladas por el artículo 167 de la propia Constitución, que, literalmente, reza:
Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de TRES QUINTOS de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado.
De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la MAYORÍA ABSOLUTA DEL SENADO, el Congreso, por mayoría de DOS TERCIOS, podrá aprobar la reforma.
Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

A ello habría que sumar que, una vez cumplidos estos requisitos, y por petición de la décima parte de los parlamentarios, las modificaciones acordadas deberían someterse a referéndum.
Basta con mirar al Senado, cámara en la que el Partido Popular disfruta de una cómoda mayoría absoluta, para concluir que el pacto suscrito entre Sánchez y Rivera carece de valor alguno si no cuenta con el apoyo del partido mayoritario en las cortes legislativas.
O dicho de otra forma, Pedro Sánchez y Albert Rivera se proponen suscribir un pacto que ya saben (¿lo saben, no?) que no pueden cumplir. Que cada uno saque sus conclusiones, pero si de algo están hartos los ciudadano es de que los políticos les tomen el pelo. Y lo de hoy suena, de entrada, a tomadura de pelo.

En sucesivas entradas veremos el resto de propuestas para el pacto.