En estado eufórico estadista se presentaba este martes Pedro Sánchez ante los medios para confirmar que había llegado a un "principio de acuerdo" con Albert Rivera. Como niño con zapatos nuevos; más niño
que bien calzado.
Sánchez
ha aceptado reformar la Constitución según lo exigido por el presidente de la
formación naranja. Es más, se ha comprometido a hacerlo. La pregunta es ¿cómo
piensa hacerlo?
Veamos
antes de comentarlo los cambios propuestos por Rivera. En primer lugar suprimir
las diputaciones provinciales que serán sustituidas por “consejos de alcaldes”.
Algo tan impreciso que no aclara qué
tipo de estructura supondrán dichos consejos, qué atribuciones tendrían y de
qué forma van a garantizar las prestaciones y servicios que las corporaciones
provinciales garantizan hoy por hoy a los pequeños municipios. Tampoco qué ocurrirá
con los más de 65.000 trabajadores (funcionarios o laborales) que dependen de
las diputaciones.
Por otra parte, limitar el mandato del presidente del Gobierno a
ocho años, o dos legislaturas.
También reducir
a la mitad -de 20 a 10- los miembros del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, sin aclarar, al menos de momento, si dicha reducción afectará a la forma en que son
elegidos actualmente o si dicha modificación garantizará la separación de
poderes que tantos sentimos en demasiadas ocasiones como irreal.
La
modificación de la CE incluiría también la supresión de los aforamientos de
senadores y diputados en el Parlamento nacional y en los autonómicos. Nada que
objetar. Es muy necesario y razonable.
Por
último, se pretende reducir de 500.000 a
250.000 las firmas exigidas para presentar una iniciativa legislativa popular
(ILP) en el Congreso. Nada se dice de cómo evitar que la Mesa del Congreso solo
esté obligada a “acusar recibo” de las firmas, pero no a tramitar y llevar a pleno
las iniciativas.
Hasta aquí, todo bien. Se estará más o menos conforme, pero son propuestas. Con mucho titular y poco cuerpo, pero propuestas al fin y al cabo.
El
problema del acuerdo es que se basa en un compromiso imposible de cumplir. Si
Pedro Sánchez hubiese planteado que el pacto supone llevar al Pleno de Las
Cortes estas propuestas, pase. Afirmar categóricamente que las va llevar a efecto
es, sencillamente un ejercicio de inocencia, hipocresía o, en el peor de los casos, de
ignorancia.
Las
modificaciones prometidas están reguladas por el artículo 167 de la propia Constitución,
que, literalmente, reza:
Los
proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de
TRES QUINTOS de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se
intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición
paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por
el Congreso y el Senado.
De
no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y
siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la MAYORÍA ABSOLUTA
DEL SENADO, el Congreso, por mayoría de DOS TERCIOS, podrá aprobar la reforma.
Aprobada
la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su
ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su
aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
A ello habría que sumar
que, una vez cumplidos estos requisitos, y por petición de la décima parte de
los parlamentarios, las modificaciones acordadas deberían someterse a referéndum.
Basta con mirar
al Senado, cámara en la que el Partido Popular disfruta de una cómoda mayoría absoluta, para concluir que el pacto suscrito entre Sánchez y Rivera carece de valor
alguno si no cuenta con el apoyo del partido mayoritario en las cortes legislativas.
O dicho de
otra forma, Pedro Sánchez y Albert Rivera se proponen suscribir un pacto que
ya saben (¿lo saben, no?) que no pueden cumplir. Que cada uno saque sus conclusiones, pero si de
algo están hartos los ciudadano es de que los políticos les tomen el pelo. Y lo
de hoy suena, de entrada, a tomadura de pelo.
En
sucesivas entradas veremos el resto de propuestas para el pacto.
También en Ciudadano Pan: La farsa de los pactos (I). Negociaciones abocadas al fracaso legislativo
