La legitimidad de las decisiones debe ser necesariamente cuestionada cuando los dirigentes exceden al tomarlas las atribuciones que le fueron encomendadas. Básicamente, es uno de los pilares que sustentan el sistema democrático que defendemos los socialistas.
El último congreso extraordinario
del PSM-PSOE tenía como objetivo, por definición, restituir al partido una dirección
legitimada por un proceso congresual, toda vez que las circunstancias que
derivaron el cese de la anterior y la imposición de una Comisión Gestora así lo
exigían. El propio carácter extraordinario no otorga mandatos políticos más
allá de los emanados del Congreso Ordinario, pues no debe ser esta su función
sin que haya sido previamente especificado en la propia convocatoria, discutido
y avalado, como exige el proceso ordinario, por las bases en las que reside la
soberanía del partido.
Cambiar el nombre del
partido no admite otra interpretación que la voluntad de dar por finalizada una
etapa política y dar paso a otra. Nuevo rumbo. Ruptura. Un objetivo legítimo que
exige, empero, que una mayoría del partido, previo conocimiento de la propuesta,
debate interno a todos los niveles y mediante los debidos cauces de
participación, así lo decida y mandate a los delegados que participen en el proceso
congresual. Es el necesario proceder democrático que debe identificar a los
partidos políticos: a mayor entidad de la decisión, más necesaria la
implicación de sus bases.
Un cambio de nombre, la instauración de una nueva
identidad no es, pues, decisión que deba tomar el Congreso Extraordinario sin
haber sido convocado para ese u otros objetivos. Los delegados no recibieron
ese mandato de la militancia.
Asimismo, el Congreso
Extraordinario del extinto PSM decidió, sin haber sido tampoco mandatado para
ello, cambiar los Estatutos y mermar la representatividad de la militancia en
los órganos de gobierno. Menos voces, menos visiones, menos propuestas… Menor
riqueza ideológica y menos democracia, que son, al fin y al cabo, los nutrientes
básicos de un partido de izquierdas y de clase. Si un significativo cambio de
nombre parece, per se, motivo para que desde la militancia surjan legítimas intenciones
de hacer uso de las herramientas que las garantías democráticas dentro del PSOE
afortunadamente disponen… ¿cómo no serlo decisiones que merman la democracia
interna del partido?
En esta tesitura no debe
sorprender que una considerable porción de los socialistas madrileños entienda que
se ha excedido el mandato otorgado a los delegados del Congreso Extraordinario
en el que fue Sara Hernández elegida como secretaria general interina, pues
solo debe serlo hasta la convocatoria del Congreso Ordinario. No caben en el
carácter extraordinario decisiones de tamaña envergadura sin haber sido
específicamente detalladas en su convocatoria y sin que la militancia haya
podido mandatar a sus delegados a favor o en contra. Los socialistas no debemos
aplicar la metodología de las “leyes escoba” que tanto nos irritan cuando son
otros los que hacen uso de ella.
Al no formar parte de la
propia naturaleza del Congreso Extraordinario -máxime, hay que insistir, si no se
ha hecho constar en su convocatoria- cualquier decisión de los delegados que excede
el mandato recibido de las agrupaciones socialistas madrileñas es impropia del
carácter circunstancial del cónclave. Y por ello cualquier movimiento que a
través de los inexorables cauces estatutarios exija reconsiderarla y dejarla
sin efecto debe ser atendido. Es lo que pide un nutrido grupo de delegados al
presentar un recurso de anulación del congreso o, al menos, de las polémicas
decisiones tomadas al margen de la opinión y concurso de las bases de la
federación madrileña del PSOE.
CONTEXTO DE DIVISIÓN
Conviene no olvidar las
circunstancias que devienen Congreso Extraordinario, precipitadas por el cese
de la legítima dirección regional cuyo secretario general era Tomás Gómez. Un
relevo decidido unilateralmente y al margen de los socialistas madrileños por
la Comisión Ejecutiva Federal de Pedro Sánchez, so pretexto de combatir los
pronósticos electorales de las encuestas de opinión. O, dicho de otra forma, dando
carácter decisorio a conjeturas demoscópicas para cuestionar la idoneidad del
candidato surgido -como el propio Pedro Sánchez- de un proceso de primarias, y,
de paso, cesar a la legítima dirección designada por el último Congreso
Ordinario. Un chusco y, como se ha visto, fallido procedimiento por parte de
quien no para de reivindicar que su liderazgo emana de la propia militancia,
pues cabe resaltar que la candidatura encabezada por el respetado, admirado e
impoluto Ángel Gabilondo apenas obtuvo 21.000 votos y un escaño más que la de Tomás
Gómez en 2011, el año que en plena crisis y declive del Gobierno de José Luís
Rodríguez Zapatero el PP logró teñir de azul el mapa político español infligiendo
un severo castigo electoral al Partido Socialista en su conjunto.
Más decisiones están
abiertas a múltiples interpretaciones y abundan en la –sana- diferencia interna
en un partido conformado por miles de personas. Inducen a que la disconformidad
torne en enfrentamiento, eleve el tono del debate, signifique las diferencias y
agilice los movimientos que dudan y reclaman. El cese del ya ex portavoz del Grupo
Municipal de la capital, Antonio Miguel Carmona ha generado enorme malestar en
la militancia socialista madrileña, tanto como sorpresa y estupor en buena
parte de la ciudadanía y los propios votantes socialistas. Como en el caso del
Congreso Extraordinario, no es fácil asimilar que el sufragio ciudadano se vea
afectado por intereses políticos de orden interno -como ha defendido la nueva
dirección del PSOE madrileño-.
Se trata de establecer los
motivos que llevan a la división interna y al enconamiento entre los distintos
sectores o grupos dentro de la organización. También de situarlos en el
contexto que les corresponde.
BISOÑEZ POLÍTICA
El cese de Carmona ha sido
interpretado por muchos -difícil no entenderlo así- como una innecesaria acción
de apuntalamiento estratégico de quienes han impuesto, si haber sido
mandatados, una identidad nueva y una merma en la democracia interna del
Partido Socialista de Madrid. Con los antecedentes anteriores, un gesto de
bisoñez política que prende el reguero de pólvora sembrado entre la cosa
estatutaria y polémicas decisiones, que motivan –muy lejos de cerrar como
asegura Sara Hernández- la discusión interna en el seno del recién nacido
PSOE-M.
Es el contexto en el que
surge la impugnación del Congreso Extraordinario o incluso poner en marcha los
mecanismos de convocatoria de un nuevo cónclave que decida, esta vez con luz y
taquígrafos, sobre proyectos, estrategias y modificaciones estatutarias de la
envergadura que tienen las discutidas. El clima de malestar que generan los
ceses o nombramientos de unos u otros compañeros conforma la escenografía del relato
de las impugnaciones, aunque lo que se discute es la legitimidad de tomar decisiones
que afectan a la identidad y la democracia interna del partido frente a la
legitimidad de cuestionarlas. Democracia en estado puro.
El debate en el que está
inmerso el nuevo PSOE-M es ese. No nos perdamos en los liderazgos y encontrémonos
en lo que nos separa para construir sobre lo que nos une. Podemos decidir sobre
todo, pero no se puede decidir en nombre de otros lo que otros no te han
encomendado.
Y
mucho menos, se puede desdeñar groseramente a los compañeros pidiendo “disciplina”
o que “se pongan a trabajar”, porque cuando un socialista cuestiona y discute
lo que entiende que no es justo, lo que hace es precisamente eso, trabajar. Por
el bien del partido, por el bien de todos.
