Publicado en Diario 16, El Socialista Digital y Liverdades.
Exigir
el apoyo sin condiciones del Partido Socialista a cambio de "aceptar"
una eventual abstención de sus diputados -según se desprende del órdago lanzado
por Mariano Rajoy el pasado domingo a través del diario El Mundo- esconde un acto de chantaje al Jefe del Estado, cuyas
atribuciones constitucionales no pasan de valorar las posibilidades de cada
candidato para ser investido y hacer una propuesta al Congreso de los Diputados
en función de dicha valoración. Si fuera ese el caso, el PSOE no estaría, ni
antes ni ahora, apoyando al Partido Popular, sino anunciando al Rey la
abstención de su Grupo Parlamentario, lo que permitiría la investidura con una
mayoría de síes frente a noes. Es más, el PSOE no estaría siquiera obligado a
comunicar su decisión al Partido Popular, y muchos menos a “negociarla”, ya que
el único destinatario de dicha información, a los efectos oportunos, es Felipe
VI. Asimismo, la función del Rey debe limitarse a verificar si el candidato
suma los síes suficientes para ser investido, y, en consecuencia, hacer la
correspondiente propuesta a la Presidenta del Congreso.
Pretender
del Rey que tenga en cuenta, además, las posibilidades del candidato para sacar
adelante o no su programa político y sus proyectos de Ley, que contemple las
debilidades que deberá sortear el Gobierno en su mandato, y que por ello llegara
a aceptar una negativa de Rajoy a ser propuesto, excedería sobremanera las funciones
del monarca, que no puede decidir en función de los acuerdos o controversias que
puedan darse en el Parlamento. Rajoy estaría cometiendo un fraude
constitucional y haciendo cómplice al Jefe del Estado, al reclamar de este una
intervención directa sobre competencias que son exclusivas de Las Cortes. El
Presidente en funciones no puede chantajear al Rey –y con él, a todos los
españoles- pidiendo poco menos que ordene a los diputados socialistas integrarse
en el Grupo Popular a cambio de desbloquear la gobernabilidad del país y aceptar su designación como candidato para
evitar las terceras elecciones.
Con
el globo sonda lanzado por su partido, Rajoy
acusa el primer golpe de verse presidiendo un Gobierno sometido a un Parlamento
en el que la Oposición supera en número de diputados al Partido Popular, que
podrá enmendar y hasta rechazar sus leyes. Un obstáculo que el Presidente en
funciones pensaba sorteado con el pueril No
es no defendido por Pedro Sánchez y su equipo, que avocaba indefectiblemente
a una nueva cita con las urnas, en la que -así lo vaticinan los primeros
sondeos publicados- el PP aumentaría sus diputados, acercándose, con o –incluso-
sin el apoyo de su socio ideológico Ciudadanos, a la mayoría absoluta.
Si,
como ahora parece posible, el PSOE optara por aceptar el fatídico resultado
electoral obtenido por Pedro Sánchez, por la izquierda en general, y facilitar mediante
la abstención que Mariano Rajoy –u otro candidato popular- sea investido Presidente con los apoyos de su partido y de
Ciudadanos, cuando el líder popular acuda a La Zarzuela escuchará del Rey que ha
constatado que el candidato del PP está en condiciones de ser investido y puede
darse por comenzada la XII Legislatura.
Si
por el contrario, Felipe VI aceptara el chantaje y decidiera no encomendar la
investidura al candidato popular,
estaría participando en la estrategia política del partido ganador de las
elecciones generales, y excediendo, hay que insistir, las atribuciones que le
otorga la Carta Magna. Si Rajoy rechazara el encargo real, la única salida del
monarca sería pedir del PP un nuevo candidato que administre la mayoría
parlamentaria de la que dispone, antes que aceptar sin más una nueva disolución
de las cámaras legislativas.
El
Gobierno resultante tendrá que presentar sus proyectos de Ley de Presupuestos
Generales y otros, y admitir que los grupos parlamentarios podrán aprobarlos, enmendarlos
o rechazarlos. Porque así es la configuración de Las Cortes que han decidido
los españoles para esta Legislatura. Será difícil para un partido poco acostumbrado
por sus propios orígenes a prácticas democráticas, pero así son las cosas. Son
las reglas del sistema establecido por la Constitución, y, mal que le pese, les
son también de aplicación al Partido Popular.
El
PP parece dispuesto, empero, a secuestrar el Gobierno y el Parlamento hasta que
las condiciones le sean más favorables. Evitarlo está en manos de Felipe VI,
del que se espera que no acepte semejante chantaje antidemocrático.
