Editorial publicado en El Obrero.
El referéndum vinculante que Junts pel Sí prometió a los catalanes no se va a celebrar el próximo 1 de octubre.
El propio Govern ha pedido este viernes a la Sindicatura Electoral de Cataluña, creada por el Parlament para ejercer de junta electoral para el referéndum, que se disuelva y ceda sus funciones a entes públicos, académicos e internacionales observadores del 1-O, sin especificar. Su supone que dichos "entes" habrían de suplir a los designados por el Parlament. No hay gobierno ni autoridad en el mundo que reconozca un referéndum cuya organización y supervisión resida en los observadores. Estos están para velar, cuando procede, por la limpieza de a quienes se pretende que sustituyan en sus tareas. Un delirio a todas luces alegal y de cuestionable encaje democrático.
A pesar de que las denominadas leyes de desconexión decían no reconocer al Tribunal Constitucional capacidad para anular una decisión tomada por el Parlament, lo cierto es que ayer abdicaron ante la autoridad del máximo intérprete de la Constitución Española. Los síndicos presentaron su renuncia ante el TC. El referéndum del 1 de octubre está ya, de facto, desactivado.
Pero, por algún extraño motivo, el President Pugdemont, su aliado y guía Oriol Junqueras y la presidenta Forcadell, han decidido no trasmitir a los catalanes esta realidad. Sin colegios electorales asignados a un censo inexistente, sin papeletas oficiales, sin urnas y sin organismo que vise, certifique y proclame el resultado, pase lo que pase el 1 de Octubre, no será un referéndum vinculante.
La Generalitat y el Parlament ya no dispondrán siquiera de "apariencia de legalidad", y sería ridícula la proclamación de una república independiente con esos mimbres.
Es una irresponsabilidad del Govern aferrarse a las ilusiones de un pueblo que solo pueden acabar en frustración. Como lo es seguir alimentando el temor de quienes sufren, dentro y fuera de Cataluña, la alta tensión institucional y popular que el procés provoca.
Es momento de que las autoridad catalanas digan la verdad. No habrá independencia en 2017. Mantener el desafío sólo lleva a una escalada de medidas legislativas, judiciales y de orden público que, aún dentro de los estrictos margen de la ley, es cierto que soliviantan a los que están a favor y en contra del derecho a decidir.
Ello no obsta que en Cataluña hay una realidad social que no puede seguir siendo ignorada. Del mismo modo que la actual mayoría parlamentaria en la fortaleza de la Ciudadela está obligada a asumir que esta vez tampoco habrá independencia, el Gobierno y Las Cortes Generales lo están a que hay millones de españoles que están pidiendo a gritos una revisión del modelo territorial de nuestro país, y, sobre todo, del encaje de Cataluña en el Estado español.
La Comisión propuesta por el PSOE, aprobada esta semana por la Junta de Portavoces del Congreso, debe ser un ágora de escucha sincera, entendimiento y decisión responsable. No debe poner límite alguno a los temas a tratar, ni siquiera una reforma de la Carta Magna que contemple el referéndum. Todos los partidos están obligados a acudir a la cita dispuestos a dar una respuesta a la ciudadanía. Sin estrategias de corte electoral y sin caer en la vanidosa tentación de buscar la gloria del salvador.
Ni Cataluña ni España resisten alargar esta agonía en un callejón sin salida para unos y otros. Sepamos hacerlo.
