miércoles, 20 de septiembre de 2017

No se entiende

Publicado en Irispress Magazine.


El PSOE se equivocó ayer al facilitar el rechazo del Congreso a la PNL-trampa de Ciudadanos. Albert Rivera marcó otro gol por la escuadra de los socialistas mientras Pablo Iglesias mantenía distraído al portero. Fue el propio Pedro Sánchez quien ordenó frenar la iniciativa de Ciudadanos y obligó a modificar el acuerdo del Grupo Parlamentario Socialista, que se debatía entre apoyar la iniciativa y la abstención.

Los diputados del PSOE sabían del carácter de encerrona del texto que los naranjas sometían a votación de La Cámara, pero habían optado por no impedir su aprobación. Dando un voto positivo o absteniéndose. Pero evitando que en el Congreso se impusiera el voto mayoritario de quienes no están defendiendo con claridad el cumplimiento de la Ley de Leyes del Estado.

Al fin y al cabo, eso es lo que pedía y no logró ayer Ciudadanos. Expresar el apoyo del Legislativo al Gobierno, al Tribunal Constitucional, al Ministerio Fiscal y al resto del Poder Judicial y de las autoridades públicas, "en la defensa de la legalidad democrática en Cataluña" y, en particular, "en todas aquellas medidas que sean necesarias y adoptadas de manera proporcional para impedir la organización del referéndum de secesión de Cataluña". También perseguía manifestar el respaldo a "todos los funcionarios del Estado", instar al Ejecutivo a que impida el uso de recursos públicos para la preparación y ejecución de la consulta del 1-O y reconocer a los ciudadanos catalanes que, "al margen de las ideologías, respetan la ley".

Pero la orden de Pedro Sánchez fue no apoyar ni abstenerse ante la Proposición No de Ley, como inicialmente había previsto el Grupo Parlamentario. Para poder justificar el rechazo del PSOE, Margarita Robles ordenó registrar una enmienda con tres puntos de fácil absorción por el resto de los grupos que rechazan el referéndum ilegal en Cataluña -PP, Coalición Canaria, Ciudadanos-, y una extemporánea e innecesaria petición que, a todas luces, sería rechazada por los de Albert Rivera, y a la que se agarró el PSOE para no apoyar la PNL.

A saber, modificar el texto para que en vez de responsabilizar en exclusiva al Govern de la convocatoria del 1O, estableciera  que el referédum emana de una orden expresa del Parlament, con mención explícita a la Ley 19/2017 suspendida por Tribunal Constitucional el 7 de septiembre. También incluir un llamamiento explícito a las autoridades catalanas para que regresen a la legalidad. La enmienda socialista pedía además que el Congreso expresara su "apoyo y amparo a los alcaldes y alcaldesas que defienden con firmeza la defensa de la legalidad constitucional". 

Tres sensatas aportaciones que mejoraban el texto original de Ciudadanos, que, con toda seguridad hubieran sido asumidas por el resto de grupos que la apoyaron, y que demuestran el valor añadido del liderazgo socialista de la Oposición.

La ruptura buscada vino de la mano de la última exigencia incluida en la enmienda ordenada por Pedro Sánchez. Que el texto instara a los "representantes de la pluralidad y la diversidad de la sociedad catalana" (sic), a buscar "una salida pactada y legal" que permita "desterrar la división y reforzar la convivencia de todas las sensibilidades de nuestro país". No hace falta ser un lince político para prever que Ciudadanos, promotor de la PNL, rechazaría de plano esa propuesta, pues está en su discurso que no hay nada que dialogar con quien no cumple las leyes. La falta de acuerdo estaba servida, y en ella sustentó el PSOE la orden de dejar caer la iniciativa parlamentaria.

Ayer mismo la Junta de Portavoces había aprobado llevar al Pleno del Congreso la constitución de la mesa de diálogo de Pedro Sánchez. La piedra angular de su política frente al desafío secesionista, recibió el apoyo de todos los grupos menos ERC y Ciudadanos. A efectos prácticos, la comisión sobre el modelo territorial de Sánchez verá la luz en breve con el apoyo de más de 300 diputados. Era innecesario quebrar la ciertamente oportunista PNL de los de Albert Rivera para exigir algo que, en términos parlamentarios, ya se había conseguido.
En su estrategia de acercamiento a los votantes de Podemos, la dirección federal del PSOE ha optado por no salir en una misma foto con PP y Ciudadanos si no posa en ella Pablo Iglesias. Argumentado que no se puede excluir a los morados del bloque constitucionalista en un momento de crisis institucional como la que se vive en nuestro país. La realidad es que es el propio Pablo Iglesias, que disputa -dentro y fuera del Congreso- el liderazgo de la Oposición al PSOE, el que rechaza unirse a los piden frenar la peligrosa deriva de las instituciones catalanas que promueven leyes fuera de la Constitución,  y violentan la convivencia entre ciudadanos.

Con la abstención, el PSOE no habría aparecido cercano al Gobierno, como tanto teme Pedro Sánchez. Pero al menos hubiese evitado que el Congreso de los Diputados rechazara, por primera vez, una iniciativa que, en resumen, lo que pide es una expresión de apoyo de Las Cortes Generales al cumplimiento de la legalidad.

No se entiende.



PD.- Es cierto que causa estupor ver a los cuerpos de seguridad del Estado entrar en organismos públicos y sedes de partidos políticos, pero más lo causa verlos salir con evidencias ciertas de la comisión de graves delitos. En situaciones así, la rotundidad del apoyo sin fisuras de un partido como el PSOE a la actuación de jueces, fiscales y policías, no debería estar en cuestión.